La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, bajo la conducción de la embajadora Noela Pantoja Crespo, ha formalizado la designación de la ciudad de Lima como sede de la Asamblea General 2026 y la Reunión del Grupo Directivo del Foro Internacional sobre el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible. Este anuncio, realizado el 18 de marzo de 2026, establece que las jornadas de deliberación técnica y jurídica se desarrollarán durante los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año, consolidando la posición del Estado peruano en la arquitectura de la cooperación técnica internacional.
Contexto Jurídico y Definiciones del Marco Estadístico
Para efectos del derecho internacional y la gestión pública, el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible se define como un marco estadístico internacional diseñado para computar la totalidad de la financiación, tanto de origen oficial como privada movilizada, que tiene como destino el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos constituyen metas globales de carácter vinculante en la agenda internacional, adoptadas con el fin de erradicar la pobreza y garantizar la sostenibilidad climática mediante compromisos estatales que deben ejecutarse con antelación al año 2030.
Aprobación de Instrumentos y Reconocimientos Internacionales
Durante las sesiones preliminares se ratificó la validez de los resultados oficiales sobre la movilización de recursos. Es pertinente señalar que en el periodo anual 2025 se logró la aprobación de dos hitos normativos fundamentales para este foro. Primero, la inclusión del reporte de datos en el Compromiso de Sevilla, que funciona como un pilar para la rendición de cuentas en la cooperación transfronteriza. Segundo, el reconocimiento de este marco como fuente de datos oficial en los Principios de Alto Nivel del G20 sobre Bienes Públicos Globales, lo cual otorga una presunción de veracidad y rigor técnico a la información procesada por los países miembros.
Promulgación de Metas de Desarrollo
La aprobación de las metas específicas para cada uno de los objetivos de desarrollo social implica una responsabilidad compartida entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Estas disposiciones obligan a las administraciones a orientar sus políticas hacia la educación de calidad, la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura sostenible, bajo los estándares de supervisión internacional que serán analizados detalladamente durante la asamblea de octubre en la capital de la República.
