En una jornada que marcará un antes y un después en la agonizante historia de la desigualdad laboral en el sector público, el Pleno del Congreso ha decidido finalmente dar el zarpazo contra la injusticia. Este 13 de marzo de 2026, tras años de una servidumbre encubierta bajo el rótulo de Contratación Administrativa de Servicios, se ha logrado la aprobación definitiva de un dictamen que obliga al Estado a dejar de tratar a sus servidores como ciudadanos de segunda categoría. La segunda votación, sellada hoy mismo, ratifica lo que se gestó en aquella primera sesión del 17 de septiembre de 2025, transformando la esperanza en una obligación legal ineludible.
La magnitud de este evento jurídico radica en la modificación estructural de los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057. Lo que antes era una bonificación paupérrima y humillante, ahora se erige como un derecho a gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad equivalentes al cien por ciento de la remuneración mensual. Pero el verdadero estallido de júbilo para los más de 348 mil trabajadores llega con la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios, conocida técnicamente como CTS. Este beneficio, que históricamente les fue esquivado, se calculará sobre la base de la integridad del sueldo por cada año de servicios prestados, adquiriendo un carácter cancelatorio que se ejecutará sin excusas al término del vínculo laboral.
Es fundamental comprender que el Congreso ha establecido la naturaleza permanente de este derecho, rompiendo con la falacia de la transitoriedad que sostenía el régimen CAS desde su creación en el año 2008. Según las definiciones que resonaron en el hemiciclo, este sistema dejó de ser un mecanismo excepcional para convertirse en una estructura de explotación consolidada durante dieciocho años. Por ello, la normativa aprobada no solo otorga dinero, sino que define la relación laboral bajo los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
El debate fue un campo de batalla donde se recordó que el Estado peruano ostentaba el vergonzoso título de ser el mayor empleador precario del país. Con la consolidación de esta autógrafa de ley, que agrupa una docena de proyectos legislativos, se busca aniquilar la dispersión de regímenes que solo servía para segmentar a la clase trabajadora. Ahora, la pelota está en la cancha de un Ejecutivo que se encuentra contra las cuerdas, mientras los pasillos de las entidades públicas celebran el fin de una era de migajas para dar paso a la dignidad del sueldo completo y el respaldo del tiempo servido.
