La sombra del desabastecimiento total acecha a los peruanos, pero un rayo de esperanza (o quizás de desesperada presión política) surge desde las entrañas del Ministerio de Energía y Minas. Hoy, jueves 12 de marzo de 2026, la entidad ha lanzado un reporte que suena a victoria anticipada en medio de una crisis que tiene al transporte nacional de rodillas: los trabajos de reparación en el ducto de Camisea han alcanzado un 74% de avance. Bajo la gestión del actual mandatario José María Balcázar, el Gobierno se ha puesto la soga al cuello al ratificar que este sábado 14 de marzo el flujo de gas natural volverá a la normalidad.
Resulta imperativo analizar este escenario bajo la lupa del derecho administrativo y las obligaciones contractuales. La Transportadora de Gas del Perú (TGP) se encuentra bajo un régimen de responsabilidad objetiva respecto a la operatividad del sistema. El MINEM ha detallado que ya se ha preparado la excavación en la zona de la deflagración y se procede con la instalación de válvulas de línea, una maniobra crítica que no admite errores técnicos. Jurídicamente, esto se enmarca en el cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Mantenimiento, cuya inobservancia podría derivar en sanciones pecuniarias devastadoras para la concesionaria.
Es fundamental recordar que la normativa que rige estas infraestructuras críticas se cimenta en dispositivos legales clave. Por un lado, tenemos la fecha de aprobación de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, aprobada el 6 de septiembre de 2001, y su posterior promulgación el 19 de septiembre del mismo año. Esta norma es la que define legalmente la Seguridad Energética como el estado de garantía de suministro de energía de manera continua y confiable. Además, se debe considerar que la deflagración ocurrida activó los protocolos de caso fortuito o fuerza mayor, conceptos que en el ámbito jurídico se definen como eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles que impiden la ejecución de la obligación.
Sin embargo, el punto más polémico y que debe mantener en alerta a la ciudadanía es lo que las autoridades han establecido en materia de supervisión de hidrocarburos. Se ha determinado que la continuidad del servicio público de transporte de gas natural es un derecho fundamental de carácter colectivo, lo que implica que cualquier demora más allá del plazo de 15 días, que vence este sábado, constituiría una vulneración flagrante a la confianza legítima de los administrados.
Mientras el avance del 74% se celebra en las oficinas estatales como un triunfo de la ingeniería, en las calles el GNV sigue siendo un lujo inexistente. El gobierno de Balcázar ha prometido que este sábado los grifos volverán a la vida, pero la historia reciente nos enseña que entre las promesas políticas y la presión de las válvulas existe un abismo de incertidumbre. ¿Estamos ante una reparación técnica impecable o ante un parche apresurado para calmar el malestar social? El reloj corre y el gas sigue bajo tierra.
