El pánico se apodera de las carreteras peruanas mientras el Indecopi despliega un arsenal de fiscalización para frenar cualquier intento de concertación clandestina. Tras la declaratoria de emergencia en el suministro de gas natural proveniente de Camisea, oficializada este 9 de marzo de 2026, la autoridad de competencia ha encendido las alarmas para evitar que los peces gordos del mercado aprovechen el racionamiento dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas para golpear el bolsillo del ciudadano.
La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia ha tomado la decisión radical de abrir un expediente de indagación de carácter preventivo. Esta medida busca desenterrar cualquier indicio de prácticas anticompetitivas, tales como el paralelismo de precios o el reparto de mercados, que constituyen infracciones graves al Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. El objetivo es claro: detectar si las empresas están pactando bajo la mesa para restringir la oferta de manera artificial mientras el país sufre por el desabastecimiento.
Es fundamental entender que este despliegue jurídico se centra en la identificación de acuerdos colusorios horizontales, definidos legalmente como contratos, convenios o prácticas concertadas entre agentes económicos competidores entre sí. Si los sabuesos del Indecopi hallan pruebas de este tipo de conductas, se dará inicio inmediato a un procedimiento administrativo sancionador que podría culminar en multas millonarias, conforme a la normativa vigente que castiga con severidad el abuso en situaciones de crisis nacional.
A pesar de la tensión, los reportes técnicos analizados hasta este lunes señalan que las variaciones de precios no muestran un patrón de comportamiento coordinado. La autoridad define esta situación como una heterogeneidad del mercado, lo que significa que el impacto de la crisis ha sido distinto según la zona geográfica y el tipo de carburante, respondiendo más a factores de logística y stock que a una manipulación orquestada por un cártel empresarial.
Cabe recordar que estas acciones de monitoreo se intensificaron inmediatamente después de que el Ministerio de Energía y Minas aprobara el mecanismo de racionamiento este 9 de marzo de 2026, misma fecha en la que se promulgó la directiva de emergencia para la gestión del suministro.
