La paz en los yacimientos de la pequeña minería y minería artesanal tiene las horas contadas. En un despliegue de poder fiscalizador que promete sacudir los cimientos de la formalización, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha oficializado una ofensiva sin precedentes para detectar a aquellos titulares que, amparándose en el Registro Integral de Formalización Minera, mantienen a sus obreros en la sombra de la informalidad. Esta operación de asedio administrativo no es una simple visita de cortesía; es una orden de asalto legal contra la evasión de beneficios sociales.
La normativa que ha encendido las alarmas es la Directiva N.° 001-2026-Sunafil/DINI, denominada específicamente Directiva para la intervención a los titulares inscritos en el REINFO respecto a la incorporación de trabajadores en planilla. Este brazo ejecutor del Estado fue aprobado el 5 de marzo de 2026 y vio la luz de forma oficial con su promulgación el 6 de marzo de 2026, mediante la Resolución de Superintendencia N° 0051-2026-Sunafil. Con este documento en mano, los inspectores tienen licencia para diseccionar cada contrato y cada pago efectuado en las zonas más recónditas del país.
El mecanismo de ataque es quirúrgico. La Dirección de Inteligencia Inspectiva ya ha empezado a cruzar datos de facturación, consumo de electricidad y recibos por honorarios para marcar con una cruz roja a los objetivos. Aquellos que presenten entre el 81% y 100% de coincidencias con el perfil de infractor serán catalogados como de muy alta probabilidad de incumplimiento. Para estos casos, la Sunafil no enviará una simple charla, sino que despachará una orden de asistencia técnica, que en el lenguaje técnico de la directiva se define como asesoramiento técnico, una diligencia in situ donde el inspector verificará si la realidad del socavón coincide con lo que dicen los papeles.
Uno de los puntos más críticos que han aprobado en esta norma es la facultad de los inspectores para aplicar el rigor del principio de primacía de la realidad. Esto significa que, si el dueño de la concesión afirma que sus operarios son locadores independientes pero el inspector detecta los tres elementos esenciales del contrato de trabajo (definidos legalmente como prestación personal de servicios, remuneración y subordinación), cualquier papel firmado perderá valor y se impondrá la verdad de los hechos constatados en el campo.
Los inspectores no irán solos al matadero; la directiva les permite exigir el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar su integridad física al momento de irrumpir en los centros de trabajo. Se acabó el tiempo de las excusas: o el trabajador figura en la planilla electrónica con todos sus beneficios, o el titular del REINFO se enfrentará a resoluciones firmes que podrían sepultar su camino a la formalidad.
