El máximo organismo electoral del país ha quedado mutilado. Una vez más, las sombras de la inestabilidad y la desidia institucional se ciernen sobre el Jurado Nacional de Elecciones, que hoy opera con una pierna menos. El Pleno, aquel órgano colegiado que debería ser el baluarte de la democracia, se encuentra cojo tras la salida de Willy Ramírez Chávarry, cuyo mandato de cuatro años expiró sin que su reemplazo haya podido cruzar la puerta del jirón Lampa. La incapacidad del Colegio de Abogados de Lima para formalizar a su representante está dejando al país en una vulnerabilidad jurídica sin precedentes, repitiendo el amargo sabor del 2021.
La génesis de este desmadre se remonta a la Resolución que aprobó el Reglamento de Elecciones de los Representantes de los Colegios de Abogados ante el JNE, promulgada el 20 de octubre de 2005 y cuya aplicación actual ha colapsado ante los vicios administrativos del gremio. El pasado 14 de febrero de 2026, los agremiados acudieron a las urnas en un proceso que supuestamente debía ser la fiesta del derecho, pero que terminó en un velorio institucional. Gunther Gonzales Barrón se alzó con una victoria contundente de más de diez mil votos. Sin embargo, la proclamación (ese acto administrativo solemne que otorga la investidura oficial) ha sido secuestrada por un pedido de nulidad que duerme el sueño de los justos en el Comité Electoral liderado por Tania Paliza.
La situación es de un cinismo legal absoluto. Mientras el JNE requiere de su quórum integral para resolver causas de vida o muerte política, el CAL se desangra en pugnas internas. La Junta de Vigilancia, en un movimiento que muchos califican de sabotaje, ha convocado a una asamblea para este miércoles con el fin de defenestrar al grupo organizador. Aquí no hablamos de simples trámites, hablamos de la figura de la vacancia por vencimiento de mandato, una realidad que dejó el sillón vacío desde que Ramírez Chávarry cumplió su tiempo el 14 de febrero.
Para entender la magnitud de esta tragedia jurídica, debemos recordar que el JNE fue diseñado bajo el principio de representación democrática estipulado en la Constitución de 1993, aprobada el 31 de octubre de ese año y promulgada el 29 de diciembre. En dicho texto se define al Pleno como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, cuya función principal es la administración de justicia electoral bajo los principios de inmediación y celeridad. Hoy, esos principios son letra muerta. La falta de un quinto miembro no es un detalle estético; es una brecha en la seguridad jurídica que impide que las decisiones tengan el peso y la legitimidad que una nación en crisis exige.
Lo que aprobaron en las urnas los abogados limeños está siendo pisoteado por una inestabilidad que también amenaza la elección del nuevo decano, donde Humberto Abanto y Delia Espinoza esperan una segunda vuelta programada para el 14 de marzo. Si el Comité Electoral es removido antes de acreditar a Gonzales Barrón ante el JNE, el organismo electoral seguirá operando en la penumbra, a merced de empates que solo profundizan la desconfianza ciudadana en un sistema que parece diseñado para fallar.
