El pánico se apodera del sector corporativo tras el último movimiento estratégico de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Bajo la sombra de lo que muchos consideran un endurecimiento de la vigilancia estatal, se ha oficializado la muerte de la normativa anterior para dar paso a un mecanismo mucho más agresivo de fiscalización. Mediante la Resolución de Superintendencia N° 0052-2026-SUNAFIL, aprobada con fecha 4 de marzo de 2026 y promulgada para su cumplimiento inmediato, la entidad ha dado luz verde a la Versión 2 de la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/DINI. Esta nueva herramienta legal, titulada Directiva sobre el ejercicio de las actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, deja sin efecto la reglamentación que imperaba desde el año 2020, marcando un antes y un después en la forma en que el Estado intervendrá las empresas ante cualquier tragedia humana en el centro de labores.
El despliegue de este nuevo arsenal normativo no es casualidad. La Dirección de Inteligencia Inspectiva, conocida por sus siglas DINI, ha sido la arquitecta de este documento que busca cerrar el cerco sobre la informalidad y el incumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Entre lo que aprobaron las autoridades destaca un procedimiento mucho más riguroso para la determinación de responsabilidades administrativas, asegurando que ningún detalle escape al ojo clínico de los inspectores. La norma se apoya en la Ley N° 29981 para legitimar su poder de imperio, obligando a las compañías a estar en guardia permanente.
Para entender la magnitud de este cambio, es vital desglosar las definiciones que la propia directiva ha puesto sobre la mesa y que serán el terror de los departamentos de recursos humanos. Se menciona con especial énfasis el concepto de accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Por otro lado, el incidente peligroso se define como todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera haber causado lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Estas definiciones no son meras palabras; son las etiquetas legales que SUNAFIL utilizará para imponer sanciones que podrían llevar a la quiebra a quienes no se alineen con la nueva versión de la norma.
La resolución ya ha sido enviada para su publicación en el diario oficial El Peruano y en la plataforma digital del Estado, lo que significa que el periodo de gracia ha terminado. Con informes favorables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, la viabilidad legal es absoluta, dejando a los empleadores sin margen de error ante una inminente ola de inspecciones que buscarán aplicar con rigor los nuevos estándares de investigación en cada rincón del país.
