El Poder Judicial ha dictado un golpe devastador para aquellos empleados que, aprovechando su posición, decidieron jugar a dos bandas operando sus propios negocios en paralelo a sus labores principales. En una reciente y contundente Casación N.° 7377-2023 Junín, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha establecido una doctrina que pone contra las cuerdas a los trabajadores que intentaron sacar provecho de la información y los clientes de su empleador original para beneficiar sus propios intereses. Este fallo, que marca un precedente ineludible en el derecho laboral, fue promulgado el 24 de febrero de 2026 y reafirma la aprobación de criterios estrictos para sancionar la competencia desleal.
La Corte ha dejado claro que la viveza criolla tiene límites legales y que el despido por esta falta grave no es una medida al azar, sino un acto ajustado a derecho. Para que esta conducta sea considerada una falta laboral sancionable bajo el literal d del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, el cual fue aprobado originalmente mediante el Decreto Supremo número 003-97-TR, deben cumplirse condiciones estrictas. El tribunal ha definido que el trabajador debe estar realizando actividades de la misma naturaleza que las de su empleador en otra empresa, ya sea por cuenta propia o de terceros, y que exista una intención directa y maliciosa de robar la clientela del empleador principal.
El caso que disparó esta alarma involucró a un analista de cobranzas que, mientras recibía su sueldo en una entidad financiera, se desempeñaba simultáneamente como socio principal en otra empresa dedicada al mismo rubro de préstamos de dinero. Al ser descubierto, el sujeto intentó defenderse alegando un supuesto despido fraudulento, buscando su reposición en el puesto. Sin embargo, la Corte desbarató esta estrategia al comprobar que el trabajador no solo ocultó su participación societaria, sino que utilizó su posición para acceder a información financiera privilegiada y tomar decisiones en la competencia directa.
Los magistrados fueron enfáticos al señalar que no basta con estar vinculado a otra empresa, sino que deben concurrir los elementos estructurales de la competencia desleal, los cuales fueron definidos por el tribunal como la concurrencia de actividades entre empresarios, la oferta de servicios iguales o equivalentes y, fundamentalmente, la dirección de dichas actividades a un mismo mercado o público objetivo. Bajo este análisis, se concluyó que el sujeto incurrió en actos positivos incompatibles con la buena fe laboral, destruyendo así la confianza necesaria para mantener el vínculo contractual.
Esta resolución, que ha dejado a muchos en la cuerda floja, confirma que el despido fue totalmente legítimo, pues los hechos imputados no fueron inexistentes ni imaginarios, sino una clara violación a las obligaciones legales del trabajador. Los marcos éticos y normativos dentro de las empresas deben respetarse rigurosamente, y este fallo viene a cerrar cualquier brecha para quienes pretendían usar sus empleos como trampolín para negocios personales ilícitos. Ahora, la Corte Suprema ha dejado la puerta abierta para que los empleadores actúen con mano firme ante situaciones que atenten contra la lealtad en el trabajo.
