LIMA, 28 de febrero de 2026 – En una decisión que marca un precedente definitivo sobre la duración de los procesos judiciales en el país, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31751, conocida por establecer un límite máximo de un año para la suspensión de la prescripción de la acción penal.
Con la Sentencia 45/2026, el Pleno del TC ratificó la validez de las modificaciones realizadas al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal. La norma establece que la suspensión de la prescripción (que detiene el «reloj» de caducidad del delito cuando se formaliza una investigación) no puede prolongarse más allá de los plazos previstos para las etapas del proceso y, en ningún caso, ser mayor a un año.
El derecho al «plazo razonable» frente a la impunidad
El núcleo de la controversia residía en si este límite de un año facilitaba la impunidad en delitos graves. Los demandantes argumentaban que este plazo es insuficiente para investigar tramas complejas como el crimen organizado, lavado de activos o corrupción, lo que permitiría que muchos investigados queden libres por el simple paso del tiempo.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostuvo que la persecución del delito no puede realizarse ad infinitum. Según el fallo, mantener a un procesado en un estado de «eterna incertidumbre» vulnera el derecho al plazo razonable y la dignidad humana. El TC subrayó que la ley no acorta los plazos de prescripción ya existentes (que pueden ser de hasta 30 o 40 años para delitos graves), sino que solo limita el «tiempo extra» que se añade durante la suspensión.
Reglas especiales para delitos graves
Para mitigar el riesgo de impunidad en casos de alta complejidad, la sentencia establece una interpretación clave:
- Subsunción de plazos: En delitos con penas muy altas (como terrorismo, tráfico ilícito de drogas o colusión agravada), donde el plazo de prescripción ya supera los 20 años, el año de suspensión se entiende ya incluido (subsumido) en el tiempo total de persecución.
- El TC argumentó que pretender que una investigación dure más de 21, 31 o 41 años resulta un «exceso» en un Estado constitucional de derecho.
Corrección a la Corte Suprema
El fallo también incluyó un fuerte llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia. El TC señaló que la Suprema se extralimitó en sus funciones al declarar la Ley 31751 como «inconstitucional» a través de un Acuerdo Plenario (5-2023), ya que el control abstracto de las leyes es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
Con esta sentencia, los jueces de toda la República quedan obligados, bajo responsabilidad, a aplicar el límite de un año en la suspensión de la prescripción, asegurando que los procesos penales no se extiendan de manera indefinida.
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