El hedor de la impunidad parece disiparse en los pasillos de la Corte Superior Nacional. Este viernes 6 de marzo, a las 9:00 h, el país entero se paralizará cuando el exasesor del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, ejerza su autodefensa personal. No es un trámite cualquiera: es el último aliento de un juicio que busca justicia por el despedazamiento de la periodista Melissa Alfaro y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz, víctimas de los siniestros sobres bomba que sembraron el pánico en 1991.
La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ha llegado al clímax de este proceso donde se juzga la crueldad más absoluta bajo el disfraz de estrategia estatal. Montesinos, señalado como el titiritero en la sombra, comparecerá junto al coronel (r) EP Víctor Penas Sandoval. Con este acto procesal, el colegiado cerrará el debate jurídico y el destino de estos hombres quedará en manos de los jueces, quienes deberán dictar una sentencia que ponga fin a décadas de dolor acumulado.
A Montesinos Torres se le imputa el grado de autor mediato, una figura que define a quien, sin apretar el gatillo o armar el artefacto, posee el dominio de la voluntad de otros a través de una estructura organizada de poder. Por su parte, Penas Sandoval es señalado como el autor directo, el brazo ejecutor que materializó la barbarie. Se les acusa del delito de homicidio calificado, un tipo penal que se aplica cuando se mata con alevosía, explosivos o ferocidad. Pero la carnicería no terminó en muertes; también enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa contra el valiente defensor Augusto Zúñiga Paz, el exparlamentario Ricardo Letts y el periodista Carlos Arroyo.
La historia de sangre comenzó oficialmente con la Resolución Legislativa 25345, aprobada el 20 de junio de 1991 y promulgada el 21 de junio del mismo año, marco bajo el cual se pretendía dar un barniz de legalidad a las acciones de inteligencia, aunque la realidad fuera otra. El 10 de octubre de 1991, la vida de Melissa Alfaro se extinguió en segundos cuando un sobre manila cargado de odio explotó en sus manos. Según la acusación fiscal, estos ataques fueron parte de una política de gobierno para eliminar a quienes consideraban defensores de terroristas. La fiscalía mencionó definiciones aterradoras en sus alegatos, describiendo los sobres bomba como herramientas de eliminación selectiva dirigidas contra lo que el aparato estatal de entonces denominaba objetivos legítimos por supuesta vinculación terrorista, una etiqueta que sirvió para justificar el asesinato de civiles y trabajadores del semanario Cambio.
Años después de estos crímenes, la Sala Nacional de Terrorismo y la Corte Suprema de Justicia emitieron resoluciones donde absolvieron a los periodistas del semanario Cambio de cualquier cargo de apología del terrorismo, definiendo este último delito como la exaltación o justificación pública de actos terroristas o de sus autores. Por ello, frente a los jueces, el hombre que una vez manejó los hilos del Perú desde el SIN tendrá que explicar por qué su supuesta lucha contra el terrorismo terminó bañada en la sangre de inocentes.
