En un giro inesperado que ha sacudido las oficinas de las aerolíneas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha decidido implementar una vigilancia sin precedentes sobre la emisión de pasajes. Con la aprobación de la Resolución de Superintendencia N° 000033-2026/SUNAT el pasado 25 de febrero de 2026, y su promulgación oficial hoy mismo, el fisco exige ahora una «trazabilidad» absoluta de cada pasajero que surque los cielos peruanos.
La nueva normativa obliga a las compañías de aviación comercial a entregar detalles que antes pasaban bajo el radar: número de vuelo, código de reserva, tarifa exacta y hasta la hora de llegada. Para que no queden dudas, la SUNAT ha fijado definiciones técnicas implacables: el «Formato digital» ya no es cualquier documento, sino un archivo XML bajo el estándar UBL 2.1 enviado de forma automatizada. Además, se ha ratificado que bajo el término «Servicios» se incluye toda prestación por la cual se perciba una retribución considerada renta de tercera categoría, abarcando incluso el arrendamiento financiero. Esta red de control empezará a operar con toda su fuerza el 1 de agosto de 2026.
Pero el aire no es el único lugar donde hay movimientos. En tierra firme, el Poder Judicial ha ejecutado una maniobra de reorganización exprés en Ica. Según el Acuerdo N° 144-2026 aprobado el 4 de febrero de 2026 y promulgado hoy, el actual Juzgado de Trabajo Transitorio de Ica tiene los días contados: a partir del 1 de marzo de 2026 será convertido en un Juzgado Civil Transitorio. El Consejo Ejecutivo justifica este cambio en la necesidad de dotar a las dependencias de «celeridad y eficiencia», intentando agilizar un sistema que parece no detenerse.
En un país que aún procesa la salida de Jeri del poder, estas resoluciones marcan un viernes de intensos cambios legales que afectarán tanto a los bolsillos de las empresas como a la administración de justicia.
