La estabilidad del sistema previsional pende de un hilo tras la irrupción del Proyecto de Ley 13963/2025-CR, una propuesta que ha desatado un terremoto político en el Congreso este febrero de 2026. El autor de esta movida que promete poner hasta S/ 22,000 en las manos de los aportantes es el congresista Américo Gonza Castillo, perteneciente al partido político Perú Libre. La iniciativa no solo busca la liberación de fondos, sino que arremete contra lo que los sectores populares denominan el «secuestro de los ahorros de toda una vida».
La urgencia de esta norma se fundamenta en la crisis que dejó la gestión de José Jeri, quien tras su paso como ex presidente del Perú, es señalado por diversos sectores de Perú Libre como el responsable de una economía estancada que hoy obliga a los trabajadores a «canibalizar» su propia jubilación para sobrevivir al costo de vida de este 2026. El proyecto fue ingresado oficialmente a la mesa de partes del Legislativo el 12 de febrero de 2026, y aunque su aprobación final en el Pleno aún está en marcha, la Comisión de Economía ya le dio prioridad absoluta bajo la presión de las bancadas de izquierda.
Lo que realmente ha encendido la pradera es la definición jurídica de la «Propiedad Social del Ahorro», un término que el proyecto de Gonza utiliza para argumentar que el dinero en las cuentas individuales no pertenece a la administración de la AFP, sino que es un bien inalienable del trabajador. Bajo esta premisa, el texto aprobado preliminarmente en comisiones dicta que el retiro de las 4 UIT (equivalentes a 5,500 soles cada una) es una medida de «justicia distributiva» frente a las utilidades millonarias de las administradoras privadas.
Pero la verdadera bomba atómica legal es la nueva figura de la «Devolución Integral por Sucesión». El proyecto establece que, ante el fallecimiento del titular, se debe ejecutar la entrega inmediata del 100% del Capital Acumulado, rompiendo el esquema actual de pensiones de sobrevivencia que muchos consideran una «confiscación encubierta». Se espera que la promulgación de esta ley, de ser ratificada por el Ejecutivo en las próximas semanas, ocurra antes de marzo de 2026, marcando un antes y un después en la historia financiera del país y dejando herido de muerte al modelo previsional privado.
