El transporte público en Lima y Callao se ha convertido en un campo de batalla donde los transportistas viven bajo la sombra del sicariato, pero la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intenta frenar esta carnicería con el programa ASYSTE. A través de la denuncia segura, se busca que conductores y cobradores dejen de ser presas fáciles de los extorsionadores, ofreciendo un blindaje legal ante el terror que impera en las avenidas. Esta estrategia se presenta como la última línea de defensa para quienes se niegan a pagar con su vida el derecho a trabajar, articulando una respuesta agresiva entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La maquinaria estatal para proteger a las víctimas se activó formalmente con la aprobación de mecanismos de reserva de identidad, una medida desesperada para evitar que los delincuentes cumplan sus amenazas tras una denuncia. En ese sentido, se ha ratificado que la Fiscalía de Crimen Organizado debe aplicar de forma obligatoria la reserva automática de datos personales, tal como se establece en la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, la cual fue aprobada y promulgada el 15 de enero de 2026. Esta norma es el escudo jurídico que impide que el nombre del denunciante llegue a oídos de los sicarios.
Para aquellos que operan en el primer puerto, la Región Policial Callao ha habilitado el portal web Estamos Hartos, un grito de guerra digital que sirve como canal de denuncia directa. Sin embargo, el verdadero arsenal legal reside en el Decreto Supremo N.° 009-2025-IN, promulgado el 12 de octubre de 2025, donde se aprobaron las medidas de protección urgentes como el patrullaje asistido y el uso del botón de pánico antiextorsivo, herramientas diseñadas para reaccionar antes de que las balas alcancen a su objetivo.
El marco legal no se queda solo en patrullas, pues la Ley N.° 32490, promulgada el 20 de noviembre de 2025, junto con el D.S. N.° 009-2026-PCM, aprobado el 10 de febrero de 2026, introducen definiciones y beneficios críticos para los sobrevivientes de este sistema corrupto. En estos textos se define formalmente el apoyo integral como la asistencia psicológica obligatoria por parte del Ministerio de Salud y la creación de un fondo de compensación gestionado por el Ministerio de Justicia. Estos dispositivos legales buscan resarcir el daño causado por la violencia estructural, dejando una herencia de inseguridad que hoy la ATU intenta mitigar con este despliegue de fuerza jurídica y administrativa.
