En un anuncio que ha sacudido los cimientos de la administración pública, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que este 2026 marcará el exterminio definitivo del expediente físico y burocrático. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha dado el manotazo final al aprobar un plan agresivo que obliga al 100 % de los órganos jurisdiccionales civiles a someterse al modelo de oralidad. Esta medida, que busca rescatar a los justiciables de las garras de la demora procesal, se ha promulgado bajo la presión de una ciudadanía que ya no tolera resoluciones que tardan décadas en ver la luz.
Lo que el CEPJ ha aprobado formalmente es el Plan de Actividades 2026, una hoja de ruta diseñada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (Etiioc). Este asalto a la vieja escuela judicial se divide en tres componentes estratégicos que no dejan espacio para el retroceso: Capacitación y normativa, Difusión y gestión de cambio, y Monitoreo y evaluación. La meta es clara y casi dictatorial: o se habla en audiencia o no hay justicia.
Dentro de las definiciones que las autoridades han mencionado para justificar este vuelco total, destaca la de los Módulos Corporativos Civiles de Litigación Oral (MCCLO). Estos han sido definidos como el núcleo operativo donde la inmediación y la concentración procesal deben reinar por encima de la escritura. Se busca, según el documento oficial, un sinceramiento de actos procesales, término jurídico que en la práctica significa depurar las mentiras y retrasos innecesarios que han infectado el Expediente Judicial Electrónico. Incluso se ha mencionado la implementación de un aplicativo con inteligencia artificial para la calificación de demandas, lo que para muchos es el inicio de una era donde las máquinas podrían decidir la admisibilidad de un derecho.
El hito histórico que se busca consolidar este año no es menor. Aunque el modelo nació en 2019 bajo la batuta del juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, no fue hasta el 2024 que logró infiltrarse en las 34 cortes superiores del país. Ahora, en pleno 2026, se ordena que ningún rincón del sistema civil quede fuera. Con visitas de verificación y supervisión, tanto virtuales como presenciales, el CEPJ pretende vigilar que cada juez cumpla con la celeridad prometida. Es una guerra declarada contra el papel, donde el objetivo final es mejorar la calidad de las resoluciones antes de que la confianza de la población en el sistema judicial termine de desintegrarse por completo.
