LIMA – Una reciente serie de requisas en la denominada «prisión presidencial» de Barbadillo ha puesto al descubierto las particulares condiciones de reclusión de los exmandatarios peruanos. Las imágenes difundidas muestran que las celdas cuentan con diversos artefactos eléctricos y artículos de bienestar personal que han encendido el debate sobre la existencia de privilegios en el sistema penitenciario.
Equipamiento y artículos personales
En la celda de Pedro Castillo, las autoridades registraron un televisor de pantalla plana, una refrigeradora y una cocina equipada con ollas y alimentos. Además de estos enseres básicos, el exmandatario dispone de una guitarra en su estuche, una radio y una bicicleta estacionaria para realizar ejercicio físico.
Por su parte, en la habitación de Martín Vizcarra se halló un frigobar, una radio y un ventilador. En otras celdas, como la de Ollanta Humala, se identificó un horno microondas y una sanduchera, mientras que en el espacio de Alejandro Toledo resaltaba un calefactor y decoraciones navideñas aún presentes al momento de la inspección.
Denuncias de persecución política
El expresidente Vizcarra utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera un acoso, señalando que fue sometido a tres requisas en menos de 24 horas. Vizcarra cuestionó la frecuencia de estas intervenciones comparándolas con los 16 años de reclusión de Alberto Fujimori, sugiriendo un trato diferenciado. Cabe recordar que, en el año 2012, ya se habían filtrado imágenes de la celda de Fujimori que mostraban comodidades similares, incluyendo televisor, artículos de pintura e incluso un teléfono público.
«Cortina de humo política»
El exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, ha criticado duramente estos operativos, calificándolos como una «manifiesta cortina de humo política». Según Pedraza, la filtración de fotografías y la frecuencia inusual de las requisas no responden a un control de seguridad estándar, sino a una decisión de niveles superiores (Ministerio de Justicia o Presidencia del INPE) para denostar a los detenidos.
«No es un asunto de control… es una decisión política para afectar a personas que tienen derecho a la dignidad», afirmó Pedraza, señalando que un trabajador penitenciario común no suele filtrar este tipo de material informativo a la prensa. La controversia se mantiene abierta mientras la opinión pública cuestiona si estas condiciones deben permitirse en el resto de los penales del país o si constituyen un régimen excepcional injustificado.
fUENTE DE IMAGENES: INPE
