En una movida legal de último minuto que promete sacudir los cimientos de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno ha oficializado el Decreto Supremo 003-2026-JUS. Esta norma, dada en la Casa de Gobierno el pasado dos de febrero de dos mil veintiséis y publicada oficialmente el martes tres de febrero de 2026 , representa un ajuste de cuentas normativo para adecuar el Reglamento a la Ley 31990. Bajo la firma del ahora ex presidente José Enrique Jerí Oré y su ministro de justicia, se ha sellado un destino diferente para quienes decidan delatar a sus cómplices.
El decreto no se anda con rodeos y redefine las reglas del juego. Ahora, la colaboración eficaz queda blindada como un proceso especial autónomo y no contradictorio, basado estrictamente en el principio del consenso y la justicia penal negociada. Para los que buscan beneficios premiales, la ley es clara: el aspirante a colaborador eficaz debe ser una persona que, tras disociarse de la actividad criminal, acepte la propuesta fiscal para entregar información útil. Pero cuidado, que no basta con hablar; la delación se define ahora como el acto de proporcionar datos que permitan perseguir conductas graves, siempre bajo la lupa de la proporcionalidad, donde el beneficio otorgado por el Estado debe ser un reflejo exacto de la utilidad de lo confesado.
Uno de los puntos más polémicos y que busca evitar acuerdos bajo la mesa es la prohibición absoluta de corroborar la declaración de un aspirante con lo dicho por otros aspirantes, cortando de raíz cualquier intento de colusión entre criminales para obtener beneficios. Además, se imponen plazos fatales: el proceso, desde la solicitud hasta el acuerdo final, tendrá un máximo de ocho meses, con prórrogas que solo en casos de crimen organizado podrán extenderse otros ocho meses más. El tiempo corre y la justicia no espera.
Para garantizar que el proceso no sea una coladera de información, el reglamento impone el secreto de la totalidad de las actuaciones bajo responsabilidad administrativa, civil y penal para los fiscales. Las declaraciones ahora deben registrarse obligatoriamente en medios audiovisuales para evitar que las palabras se las lleve el viento. Con esta reforma, el sistema busca desesperadamente mayor transparencia y certeza en una guerra contra la criminalidad que no da tregua, dejando claro que el camino de la redención jurídica es ahora más estrecho y vigilado que nunca.
