En un golpe de autoridad que busca extirpar el cáncer de la extorsión desde las raíces de nuestras cárceles, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo Nº 1733, una norma que no solo castiga, sino que persigue la logística tecnológica del delito. El dispositivo fue dado en la Casa de Gobierno el 11 de febrero de 2026 y publicado oficialmente el 12 de febrero de 2026 , bajo la firma del hoy expresidente José Enrique Jerí Oré , quien antes de dejar el cargo selló esta reforma crítica al Código Penal. Esta normativa surge como una respuesta desesperada pero firme ante la sofisticación de organizaciones como «Los espectros de Ancón», que utilizaban antenas de alta potencia para burlar los bloqueadores estatales.
Lo que el Ejecutivo ha aprobado es la incorporación del artículo 280-A al Código Penal, tipificando el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles. La ley ya no solo persigue al interno con un celular, sino que ahora pone en la mira a quienes «organicen, financien, instalen u operen» infraestructuras destinadas a facilitar comunicaciones ilegales. Se han definido con claridad quirúrgica los elementos del delito, incluyendo el uso de medios alámbricos e inalámbricos y cualquier infraestructura necesaria para extender servicios de internet hacia el interior de los penales. La pena base es un mensaje de terror para los colaboradores del crimen: seis a ocho años de cárcel.
Sin embargo, el brazo de la justicia será aún más implacable con los «traidores» del sistema. La norma establece agravantes que elevan la condena de ocho a diez años de prisión efectiva si el agente es un servidor o funcionario público, o si abusa de su posición en empresas operadoras de telecomunicaciones. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido dotado de facultades extraordinarias para la detección de emisiones radioeléctricas y la localización de antenas ilegales que vulneren la seguridad nacional. Para asegurar que esta ley no sea letra muerta, se autorizó la compra urgente de un arsenal tecnológico que incluye radiogoniómetros, analizadores de espectro y camionetas 4×4 para cazar estas señales clandestinas. Con esta reforma, el Estado busca finalmente asfixiar la comunicación que permite que el sicariato y la estafa sigan dirigiendo las calles desde las sombras de una celda.
