En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la propiedad privada en el Perú, el Poder Ejecutivo, bajo el mando del ahora ex presidente José Enrique Jerí Oré, promulgó el pasado 7 de febrero de 2026 el polémico Decreto Legislativo Nº 1726. Esta norma, que fue aprobada con el voto del Consejo de Ministros y publicada oficialmente el miércoles 11 de febrero de 2026, otorga poderes sin precedentes para la liberación de áreas en bloque, un mecanismo que promete acelerar la ejecución de megaobras de infraestructura pero que pone en la mira a miles de ocupantes y propietarios.
La norma aprobada modifica drásticamente la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, introduciendo el concepto de liberación de áreas en bloque. Este proceso alternativo permite al Estado agrupar diversos inmuebles y sectores bajo una sola estrategia de adquisición, optimizando plazos y recursos para que las palas mecánicas no se detengan ante nada. Para endulzar el trago amargo, el decreto establece incentivos económicos de hasta un 30% sobre el valor comercial para aquellos que acepten el trato directo y entreguen sus predios de forma anticipada.
Dentro del complejo entramado legal de este decreto, se han deslizado definiciones que serán el terror de quienes se opongan al avance del asfalto. El texto define el bloque como el conjunto de inmuebles necesarios para una obra, delimitado por una línea poligonal cerrada y georreferenciada que sella el destino de los terrenos afectados. Asimismo, introduce el concepto de compensación económica, un pago único y extraordinario que se entrega al sujeto pasivo u ocupante como premio por la entrega voluntaria y veloz de la posesión, un monto que no forma parte del valor de tasación y que busca silenciar cualquier resistencia. También se detalla qué son las interferencias, refiriéndose a todas las instalaciones de servicios públicos o bienes particulares que estorben en el derecho de vía y que deberán ser removidas sin miramientos.
El decreto no solo redefine términos, sino que establece un cronograma implacable de cinco etapas que van desde la determinación del bloque hasta la inscripción registral, pasando por un empadronamiento que tiene carácter de declaración jurada. Quienes osen presentar información falsa en este proceso podrían terminar enfrentando penas de cárcel bajo los artículos del Código Penal. Con la firma de Jerí Oré y su gabinete, el Estado se ha blindado legalmente para que la expropiación y la ejecución coactiva sean las herramientas finales si el trato directo fracasa, asegurando que el lanzamiento y el descerraje sean el destino de los renuentes.
