
LIMA, 18 de enero de 2026 — El Ministerio Público dispuso el archivo definitivo de la investigación preliminar seguida contra el exministro del Interior de Dina Boluarte y actual candidato al Senado, Juan José Santiváñez por el partido de Cesar Acuña, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

La decisión, suscrita por la Fiscalía de la Nación, concluye que los hechos evaluados no reunieron los elementos de convicción suficientes para sustentar una imputación penal o una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
El origen del caso: Los audios de «La Encerrona»
La investigación se centraba en un audio difundido en junio de 2024 por el portal periodístico La Encerrona. En dicho material, se atribuía a Santiváñez una conversación en la que supuestamente ordenaba «controlar» al periodista Marco Sifuentes, debido a sus críticas a la gestión del entonces titular del Mininter.
Pese a que el caso generó una fuerte controversia política y mediática, la resolución fiscal determinó lo siguiente:
- Falta de pruebas: No se logró acreditar que el exministro hubiera utilizado su cargo de manera efectiva para coaccionar o restringir la labor del periodista.
- Peritajes de parte: La defensa de Santiváñez presentó peritajes que cuestionaban la integridad del audio, argumentando que no se podía garantizar la «prueba fuente» original.
- Vencimiento de plazos: El Poder Judicial ya había evaluado pedidos de la defensa para cerrar la investigación debido a que los plazos de la indagación preliminar se consideraban agotados.
Respiro legal en plena campaña
Este archivo representa una victoria legal estratégica para Santiváñez, quien renunció a su cargo ministerial en octubre de 2025 para postular al Senado en las próximas elecciones generales.
Cabe recordar que, paralelamente, el Ministerio Público también confirmó recientemente el archivo de una denuncia que el propio Santiváñez había interpuesto contra periodistas de Punto Final por presunto reglaje, ratificando que la labor periodística no constituye delito.


El documento de archivo aparece suscrito por el dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas , en su condición de Fiscal de la Nación (I). Esta decisión representa un giro significativo en la situación legal del ex titular de la cartera del Interior, que había sido objeto de duras críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil por su actuación como Ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte.



