En un acto que muchos juristas interpretan como la consolidación de un legado normativo antes de abandonar el poder, el ahora ex presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, dejó sellado el destino tributario del campo peruano. El documento, que ya circula en los despachos legales más influyentes, es el Decreto Supremo N° 015-2026-EF, dado en la Casa de Gobierno el siete de febrero de dos mil veintiséis y ratificado con su publicación oficial el once de febrero de 2026. Bajo la apariencia de un simple trámite administrativo, esta norma reglamentaria dispara una serie de beneficios y obligaciones que reconfiguran el mapa económico del sector primario.
La pieza jurídica central de este despliegue es la aprobación del Reglamento de la Ley N° 32434, norma que promueve la transformación productiva y competitiva del sector agrario con protección social. Este reglamento no es un texto menor, pues consta de cuatro títulos y veinticuatro artículos que dictan las reglas de juego para el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. El alcance es agresivo y directo, afectando tanto a los pequeños productores como a las grandes empresas agrarias, estableciendo incluso límites anuales de acceso al régimen de drawback para las cooperativas.
Para evitar cualquier vacío legal que permita la evasión o la libre interpretación, el reglamento impone definiciones con un rigor técnico asfixiante. Se define a las Empresas Agrarias como aquellas personas naturales o jurídicas comprendidas en el literal c) del artículo 3 de la Ley, pero se lanza una advertencia sombría: los joint venture y consorcios con contabilidad independiente tienen prohibido contratar con pequeños productores agrarios. Asimismo, el concepto de Ingresos Netos queda blindado, abarcando la totalidad de ingresos brutos de tercera categoría, incluyendo rentas de fuente extranjera, tras las deducciones de ley. Por último, se identifica al Pequeño Productor Agrario como aquel sujeto, ya sea persona natural o sociedad conyugal, que optó por tributar bajo este régimen específico. El escenario está montado y las cartas echadas en una reforma que promete sacudir los cimientos del agro nacional.
