En una movida que redefine las reglas del juego digital en el Perú, el Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo 1724 el pasado 6 de febrero de 2026, una norma que para muchos representa un blindaje legal hacia las grandes operadoras de red y plataformas digitales. Bajo la fachada de un crecimiento económico responsable, este decreto modifica la Ley sobre el Derecho de Autor para otorgar un polémico beneficio: los eximentes de responsabilidad para proveedores de servicios en el entorno digital.
Esta normativa, que fue firmada por José Enrique Jerí Oré antes de convertirse en ex presidente, establece que las empresas que nos conectan al mundo no serán castigadas por las piraterías o infracciones que cometan sus usuarios, siempre que sigan ciertos protocolos técnicos. El texto legal es claro al definir al proveedor del servicio de internet como todo aquel que brinda servicios asociados a la red, dividiéndolos en dos categorías que ahora gozan de inmunidad bajo condiciones específicas: el proveedor de acceso a internet, que es el que opera la red y brinda la interconexión, y el proveedor de servicios en el entorno digital, que incluye a quienes realizan caching, hosting o proveen motores de búsqueda.
Lo más impactante de este decreto es que la calificación para acogerse a esta exención de responsabilidad no obliga al proveedor a monitorear, controlar o vigilar sus servicios de manera activa para buscar infracciones. Básicamente, mientras no modifiquen el contenido ni seleccionen a los destinatarios, las operadoras pueden lavarse las manos ante la ilegalidad que transita por sus cables. Para los servicios de alojamiento o hosting, la ley exige que retiren el material de forma expedita solo si obtienen un conocimiento real de la infracción, instalando un sistema de notificaciones y contra notificaciones que podría convertir la web en un campo de batalla administrativo.
Pero el paquete legislativo no vino solo. En la misma fecha de publicación, el 7 de febrero de 2026, se incluyó una modificación a la Ley 32323 contra las comunicaciones SPAM. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene el mandato de establecer una numeración telefónica especial y métodos de validación para que los ciudadanos dejen de ser acosados por llamadas y mensajes basura. Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene noventa días para reglamentar este alivio telefónico, las empresas de internet ya cuentan con el mismo plazo de noventa días calendario para adecuar sus sistemas a este nuevo régimen de irresponsabilidad legal compartida.
