En una movida que sacude los cimientos de la administración pública y bajo la atenta mirada de un sector transporte sediento de modernidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido estampar su firma en un compromiso que hipoteca el futuro estratégico del país a cambio de una inyección de capital extranjero. El pasado 4 de marzo de 2026, se concretó la aprobación y suscripción de dos convenios de cooperación técnica que, bajo el barniz del desarrollo, esconden una compleja trama de obligaciones jurídicas y preinversión millonaria.
Lo que realmente aprobaron las altas esferas del Ejecutivo es el desembolso y la ejecución de fondos destinados al tramo Barranca-Trujillo del Corredor Ferroviario de la Costa, una obra que pretende ser la columna vertebral del comercio nacional pero que hoy solo es un fajo de documentos por 4 millones de dólares. Según el texto jurídico de los acuerdos, este monto representa apenas una fracción del costo total del estudio, dejando en el aire quién asumirá el riesgo financiero si el proyecto encalla en la burocracia estatal. Asimismo, se dio luz verde a un plan de fortalecimiento para Provías Descentralizado, una entidad que ha estado bajo el escrutinio público por su eficiencia en las regiones.
Dentro de las definiciones que resonaron en la ceremonia, se mencionó con énfasis la figura de la cooperación técnica reembolsable y no reembolsable, un concepto que en términos estrictamente legales implica que la CAF no solo actúa como un benefactor, sino como un ente que dicta las pautas de la calidad de la inversión pública. También se subrayó el concepto de infraestructura vial estratégica, definida como el conjunto de elementos físicos que permiten la interconectividad nacional, aunque para el ciudadano de a pie esto signifique años de espera y promesas de asfalto.
El proyecto en cuestión es un monstruo de 355 kilómetros de doble vía que promete unir los puertos de Chancay, Chimbote y Salaverry, una red que, de concretarse, beneficiaría a casi dos millones de peruanos. Sin embargo, el lenguaje del acuerdo es claro al señalar que estamos ante una etapa de preinversión, lo que se traduce como la fase de estudios técnicos y económicos previos a la ejecución, dejando la puerta abierta a cualquier modificación presupuestaria que el destino, o la política, decida imponer sobre los rieles del norte peruano.
