El pasado 22 de febrero, el cielo de Arequipa no solo se tiñó de gris por la densa neblina, sino por la sangre de quince compatriotas que hallaron la muerte en las entrañas de un MI-171SH de la Fuerza Aérea del Perú. Lo que la narrativa oficial califica como un «infortunio técnico», para la academia jurídica y la ciencia política es un caso flagrante de Responsabilidad Objetiva que clama por una indemnización sin precedentes. La FAP, en su rol de guardiana del espacio aéreo, ha terminado siendo verdugo de familias enteras, dejando tras de sí un rastro de hierro retorcido y expedientes que amenazan con colapsar las salas civiles de la República.
Bajo la doctrina del Riesgo Creado, estipulada en el artículo 1970 de nuestro Código Civil, la institución castrense se encuentra acorralada. No importa si el Mayor Páucar fue un héroe o si un «Acto de Dios» (fuerza mayor) nubló su vista; el solo hecho de operar una maquinaria de guerra sobre zonas pobladas o transportando civiles genera una obligación de reparar el daño de manera automática. Estamos ante una Responsabilidad Extracontractual del Estado que no admite excusas de presupuesto o de «clima imprevisible». La muerte de siete niños en este siniestro no es un daño colateral, es una lesión catastrófica al proyecto de vida que el Estado debe purgar con montos que superen las paupérrimas pólizas de seguro actuales.
La inconformidad radica en la opacidad del Ministerio de Defensa: se cuestiona por qué civiles son trasladados en naves de guerra sin los protocolos de seguridad de la aviación comercial. Existe un sentimiento de traición hacia el contrato social; el ciudadano entrega sus impuestos para ser protegido, no para ser víctima de una logística obsoleta. La crítica es feroz contra la «burocracia de la muerte» que prefiere comprar silencio con ascensos póstumos en lugar de invertir en aviónica de última generación que evite el choque contra el terreno.
Para entender el laberinto legal que se avecina, es imperativo desglosar los conceptos que definirán las sentencias. El Lucro Cesante, esa proyección matemática de la riqueza que los fallecidos habrían generado, será una cifra astronómica dado que entre las víctimas había profesionales en la cúspide de su carrera. Sin embargo, el verdadero campo de batalla será el Daño Moral, ese dolor indescriptible que no tiene factura pero que los jueces deberán tasar en millones para enviar un mensaje disuasorio a una administración pública que parece haber normalizado la caída de sus aeronaves.
La FAP intenta blindarse bajo el manto del «Cumplimiento del Deber», pero la jurisprudencia moderna es implacable: la soberanía no otorga inmunidad para matar. Los deudos ya no buscan solo el Daño Emergente para cubrir los gastos del sepelio; buscan una reparación integral que exponga las costuras de un sistema que vuela a ciegas. Mientras el perro chihuahua rescatado entre los escombros queda como el único testigo mudo de la negligencia, el Estado peruano se prepara para una de las batallas legales más costosas de su historia, donde la única sentencia justa será aquella que reconozca que el costo de la ineficiencia militar no puede seguir pagándose con vidas civiles.
