El coordinador nacional del subsistema de Extinción de Dominio es indagado tras la denuncia del colaborador eficaz Horacio Cánepa, quien alegó que se reactivaron pesquisas en su contra omitiendo una sentencia del máximo intérprete de la Constitución sobre el Decreto Legislativo 1373.
Lima. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar una indagación disciplinaria contra el fiscal superior Alonso Peña Cabrera Freyre, coordinador nacional del subsistema de Extinción de Dominio, bajo el señalamiento de presuntamente haber contravenido los alcances de una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC).
La medida se originó a raíz de una denuncia interpuesta ante la JNJ por el abogado y árbitro Horacio Cánepa Torre —conocido colaborador eficaz en las investigaciones por los arbitrajes y sobornos de la constructora Odebrecht—, quien cuestionó que se disponga el reinicio de indagaciones patrimoniales y la incautación de sus bienes.
El detonante legal
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos materia de indagación comprenden el periodo entre 2009 y 2015, los cuales forman parte de los acuerdos asumidos dentro de su proceso de colaboración eficaz.
En su momento, la Sexta Fiscalía había determinado el archivo de las investigaciones patrimoniales contra Cánepa en estricto cumplimiento de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional referente a los límites del Decreto Legislativo 1373 (Ley de Extinción de Dominio). Sin embargo, la objeción central radica en que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera se habría apartado de dichos efectos jurisprudenciales para reactivar las pesquisas contra el colaborador.
Implicancias de la indagación
El pleno de la JNJ evaluará si la actuación del magistrado constituyó una afectación al debido proceso y una transgresión de los criterios dictados por el máximo órgano de justicia constitucional. Especialistas en la materia advierten que, de comprobarse una actuación funcional arbitraria o apartada de la doctrina constitucional vinculante, esta podría ser calificada como una falta muy grave, lo que derivaría en una eventual sanción de destitución en el ámbito del Ministerio Público. El caso pone nuevamente bajo la lupa los contrapesos institucionales entre las decisiones de la fiscalía especializada y los precedentes constitucionales en el país.
