La Junta Nacional de Justicia ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal de la Nación, con el propósito de determinar si sus actuaciones como máxima autoridad del Ministerio Público se ajustaron al marco constitucional o si, por el contrario, configuraron un presunto uso indebido de atribuciones. El órgano de control constitucional ha otorgado un plazo perentorio de diez días hábiles para que la investigada presente sus descargos por escrito y proponga los medios probatorios correspondientes, etapa procesal que definirá si la causa se archiva o si se eleva a la condición de procedimiento disciplinario formal. Esta medida pone bajo la lupa legal tres eventos de alta relevancia para la administración de justicia y el equilibrio de poderes.
El primer extremo de la indagación se centra en la denuncia constitucional que Espinoza interpuso contra once congresistas integrantes de la Comisión de Defensa durante el periodo anual de sesiones 2021-2022. La entonces fiscal de la Nación fundó dicha acción en la presunta comisión del delito de negociación incompatible, un tipo penal que sanciona al funcionario que de forma directa o indirecta se interesa en provecho propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. En este caso específico, el cuestionamiento gira en torno al trámite y posterior promulgación de la Ley 31473, norma dictada para regular la estructura de sueldos y pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. La Junta Nacional de Justicia evaluará si esta denuncia penal se sustentó en elementos objetivos o si desbordó las facultades de la titularidad de la acción penal.
El segundo hecho objeto de control disciplinario está vinculado al principio de legalidad y la vigencia de las normas en el tiempo, específicamente respecto a la Ley 32130, publicada el 10 de octubre de 2024. Dicha ley introdujo modificaciones sustanciales en el Código Procesal Penal con el objeto de redefinir y otorgar un nuevo marco de conducción a las investigaciones preliminares. La denuncia que procesa la Junta Nacional de Justicia sostiene que la exfiscal del Estado habría dispuesto y mantenido de forma sistemática la inaplicación de este dispositivo legal, omitiendo la obligatoriedad de su cumplimiento normativo a pesar de encontrarse plenamente vigente en el ordenamiento jurídico nacional.
Finalmente, el tercer eje de la resolución adscrita por el órgano constitucional analiza las repercusiones jurídicas derivadas de la suspensión de seis meses dictada contra el fiscal José Domingo Pérez por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Ante tal sanción, Espinoza decidió interponer una denuncia penal contra Juan Fernández Jerí, quien en ese momento ejercía como jefe de dicho órgano contralor y que actualmente tiene la condición de ex presidente de la referida entidad. El análisis de la Junta Nacional de Justicia se orientará a dilucidar si la interposición de este recurso penal constituyó una defensa legítima de los fueros fiscales o si representó una interferencia indebida destinada a menoscabar la autonomía e independencia del sistema disciplinario de la fiscalía.
