El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), mediante la Resolución Administrativa N.° 000221-2026-CE-PJ, ha dispuesto la prórroga del funcionamiento de la Primera, Tercera y Cuarta Salas de Derecho Constitucional y Social Transitorias, además de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Esta medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2026 y se extenderá por un periodo inicial de tres meses, responde a la existencia de un volumen considerable de expedientes pendientes de resolución en dichos órganos jurisdiccionales. Es pertinente definir que las salas transitorias son órganos jurisdiccionales creados por el CEPJ para descongestionar el despacho judicial ante el aumento inusitado de causas, funcionando como unidades de apoyo temporal frente a la sobrecarga de trabajo. Por su parte, la carga procesal se entiende como el conjunto de expedientes que un órgano jurisdiccional tiene asignados para su trámite y resolución en un tiempo determinado, siendo un indicador crítico de la eficiencia del sistema de justicia.
La decisión del máximo órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial se sustenta en el artículo 82, inciso 26), del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este dispositivo legal faculta al CEPJ para adoptar los acuerdos y medidas necesarias que aseguren el funcionamiento célere y eficiente de todas las dependencias del Poder Judicial, garantizando así el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Cabe recordar que, en la historia reciente de nuestro sistema de justicia, la gestión de la carga procesal ha sido un punto de debate recurrente, siendo un tema de interés. Esta prórroga es una manifestación clara de que la capacidad operativa de la Corte Suprema continúa bajo presión, lo cual exige una evaluación constante sobre la sostenibilidad del modelo transitorio como solución ante el creciente litigio que enfrenta el Estado.
