El Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento determinante para el ordenamiento jurídico nacional mediante la Sentencia Nº 404-2026, reafirmando el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales. En este fallo, el supremo intérprete de la Constitución declaró la invalidez de la Sentencia Nº 57 de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso-Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras advertir un error relevante de derecho. La controversia radicó en la confusión del órgano jurisdiccional entre los informes institucionales de la SUNAT, los cuales poseen carácter público y vinculante para toda la administración tributaria, y los informes particulares, cuya eficacia se limita estrictamente al solicitante. Esta decisión subraya que la justicia constitucional tiene la facultad de intervenir vía proceso de amparo cuando los fallos judiciales incurren en arbitrariedad por carecer de una fundamentación normativa adecuada o por sustentar sus decisiones en normas manifiestamente impertinentes.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, es esencial precisar que los informes institucionales son instrumentos que buscan brindar certeza en la interpretación de la normativa y fortalecer la seguridad jurídica al fijar criterios uniformes. La relevancia de este pronunciamiento reside en la interpretación del artículo 94 del Código Tributario, el cual establece que estos informes deben ser aplicados obligatoriamente por todos los órganos de la administración, incluyendo aquellos con facultades de determinación y cobranza. Negar los efectos de estos documentos no solo vacía de contenido la normativa tributaria vigente, sino que vulnera principios transversales del derecho como el de legalidad, predictibilidad, confianza legítima e igualdad ante la ley. El Tribunal Constitucional aclara que, si bien no toda deficiencia en la motivación implica la invalidez de una sentencia, aquellas que desconocen hechos probados o se apartan del ordenamiento jurídico sin justificación deben ser reprochadas.
El caso analizado por el Tribunal Constitucional expone una problemática latente en el Poder Judicial, donde coexisten criterios contradictorios sobre si estos informes vinculan a los magistrados. Algunos sectores sostienen que, al no ser fuentes formales del derecho, el juez puede prescindir de ellos; no obstante, el Tribunal Constitucional enfatiza que la inaplicación de un informe institucional vinculante que favorece al contribuyente, sumado al uso de bases legales impertinentes, constituye un vicio evidente de motivación. Con este respaldo al contribuyente, se refuerza la tesis de que la administración tributaria no puede actuar de forma errática, garantizando que los criterios institucionales de la Sunat sirvan como una guía de obligatorio cumplimiento que impida actuaciones arbitrarias en contra de los administrados.
