El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha puesto en marcha una serie de medidas correctivas dentro del Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de mitigar la crisis de sobrepoblación que afecta a diversos centros de reclusión del país. En una reciente intervención en el establecimiento penitenciario de Socabaya, ubicado en Arequipa, el ministro de la cartera, Luis Jiménez Borra, anunció la ejecución del traslado de treinta internos hacia el penal de Cochamarca, en Pasco. Esta acción no constituye un hecho aislado, sino que se fundamenta en el Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, una estrategia integral diseñada para optimizar la distribución de la población penal y mejorar los estándares de seguridad y vigilancia en las infraestructuras carcelarias.
El traslado hacia el establecimiento de Cochamarca se sustenta en la disponibilidad de aforo de dicho recinto, contrastando drásticamente con la realidad del penal de Socabaya, el cual presenta un excedente poblacional crítico al albergar aproximadamente a dos mil quinientos internos pese a tener una capacidad de diseño original para solo seiscientos sesenta y siete personas. Este fenómeno de hacinamiento, entendido jurídicamente como el exceso de población reclusa por encima del Nºde plazas disponibles, vulnera las condiciones mínimas de habitabilidad y dificulta la implementación de programas de resocialización eficientes. Por ello, el plan actual contempla la generación de nueva infraestructura y la optimización de los procesos de egreso, buscando garantizar que el cumplimiento de la pena se desarrolle bajo los parámetros de dignidad y seguridad que el Estado debe custodiar.
Dentro de este marco normativo y operativo, el titular del sector subrayó la importancia de corregir las deficiencias en los procesos de egreso para aquellos internos que ya han cumplido su condena o que, legalmente, reúnen los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios. Estos beneficios son mecanismos legales que permiten reducir el tiempo de permanencia efectiva en el centro de reclusión mediante el cumplimiento de condiciones específicas de conducta y trabajo. La permanencia indebida de internos por demoras administrativas constituye un obstáculo para el deshacinamiento, motivo por el cual se ha iniciado una coordinación directa con el Poder Judicial para agilizar estas resoluciones y garantizar que el derecho a la libertad se materialice una vez agotado el mandato jurisdiccional.
Paralelamente a las acciones de redistribución poblacional, el ministerio ha intensificado los protocolos de seguridad interna mediante operativos de requisa, los cuales consisten en inspecciones exhaustivas de los pabellones para la incautación de objetos prohibidos como sustancias ilícitas o dispositivos de comunicación no autorizados. Estas intervenciones, apoyadas en labores de inteligencia penitenciaria, tienen como fin último desarticular posibles redes delictivas que operan desde el interior de los penales y restablecer el principio de autoridad. Con estas disposiciones, el Plan Nacional de Deshacinamiento busca no solo una reestructuración logística, sino también una transformación en la capacidad de control y seguridad de los centros penitenciarios a nivel nacional.
