La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha dado un paso trascendental en la arquitectura normativa del Sistema Privado de Pensiones al promulgar la Resolución N.°01114-2026, mediante la cual se aprueba la edición 2026 del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez. Este instrumento técnico-jurídico surge ante la imperativa necesidad de consolidar en un texto único las diversas modificaciones y lineamientos que, hasta la fecha, se encontraban dispersos en múltiples directivas. El objetivo central de esta reforma es optimizar la predictibilidad administrativa y la seguridad jurídica para los administrados, permitiendo que los comités médicos encargados de la evaluación y calificación cuenten con un marco referencial coherente que reduzca los márgenes de discrecionalidad en sus dictámenes.
En el ámbito del Derecho Previsional, la invalidez se define como la pérdida de la capacidad laboral y de desenvolvimiento diario del afiliado, lo cual activa el derecho a percibir una pensión de invalidez de naturaleza contributiva, diseñada para subrogar los ingresos que el trabajador percibía antes de la contingencia. El proceso de evaluación y calificación de invalidez es el procedimiento administrativo-médico obligatorio mediante el cual se determina el grado de menoscabo del solicitante. Con la implementación del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez 2026, la administración busca fortalecer la calidad técnica de estas evaluaciones, garantizando que el acceso al beneficio pensionario se realice bajo criterios de transparencia y eficiencia, asegurando así la protección del derecho fundamental a la seguridad social de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
La nueva edición del manual introduce tres ejes rectores que modernizan el sistema de justicia previsional privada: coherencia normativa, actualización técnica y transparencia institucional. Al unificar las disposiciones vigentes, los afiliados disponen ahora de un solo cuerpo legal para fundamentar sus pretensiones ante los comités evaluadores, lo que mitiga la asimetría informativa y refuerza la legitimidad del proceso. Asimismo, el dispositivo legal establece una cláusula de actualización periódica obligatoria, asegurando que el contenido del manual no devenga en obsoleto frente a los avances de la ciencia médica.
