El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, organismo de carácter técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, ha consolidado un hito en la administración pública al robustecer los mecanismos de respuesta anticipada frente a la conflictividad socioambiental. Bajo una gestión orientada a la transparencia y la participación ciudadana efectiva, la entidad ha ejecutado más de 2 800 actividades de prevención desde septiembre de 2018, fecha en la que se constituyó formalmente su Equipo de Prevención de Conflictos. Estas acciones tienen como objetivo central el fortalecimiento de los procesos de certificación ambiental, entendida esta como el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente evalúa la viabilidad de los proyectos de inversión, asegurando que su desarrollo resulte armónico con el entorno y los derechos de la población.
Durante el reciente Primer intercambio de experiencias sectoriales en temas de prevención y gestión de conflictos socioambientales 2026, se destacó la participación de más de 12 600 ciudadanos en estas jornadas preventivas, de los cuales 2 921 correspondieron exclusivamente al ejercicio anual 2025. El evento congregó a especialistas de diversos ministerios y organismos fiscalizadores como el OEFA y la ANA, quienes abordaron la necesidad de implementar un modelo de gestión con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género. Este despliegue institucional se fundamenta en herramientas normativas internas de gran relevancia, tales como el Sistema de Prevención de Conflictos (SISPREV) establecido en 2022 y los Lineamientos de Gestión Social en la Certificación Ambiental promulgados en 2023, los cuales fungen como el marco procedimental para garantizar una interacción legítima entre los administrados y el Estado.
La actual administración, liderada por la presidenta ejecutiva Silvia Cuba, ha enfatizado un cambio de paradigma en la función pública, transitando de una labor meramente reactiva hacia una estrategia de articulación interinstitucional y presencia territorial. En este contexto, resulta pertinente precisar que la certificación ambiental es el procedimiento obligatorio para determinar los impactos negativos que un proyecto de inversión podría generar y las medidas para mitigarlos. Asimismo, los Lineamientos de Gestión Social representan el conjunto de reglas y principios que dirigen el comportamiento de los funcionarios para facilitar el diálogo y la confianza ciudadana. A pesar de los cambios en la estructura gubernamental el Senace mantiene su autonomía técnica para evaluar la viabilidad de las grandes inversiones del país, asegurando que la seguridad jurídica y el derecho a un ambiente equilibrado coexistan mediante la prevención de controversias sociales.
