En una decisión trascendental para el ordenamiento jurídico nacional, el Poder Ejecutivo ha formalizado un compromiso de largo aliento con los derechos colectivos mediante la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040. Este instrumento de gestión pública, materializado a través del Decreto Supremo N.° 002-2026-MC. La norma no solo representa un avance administrativo, sino que se constituye como un eje rector para la Administración Pública, estableciendo directrices que deberán cumplirse de manera obligatoria durante las próximas dos décadas. Bajo la conducción del Ministerio de Cultura y el Despacho Viceministerial de Interculturalidad, esta política multisectorial busca saldar deudas históricas relacionadas con la seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales, garantizando que la propiedad colectiva se ajuste a los estándares del derecho internacional.
El cuerpo normativo promulgado introduce definiciones y objetivos de carácter imperativo que redefinen la relación entre el Estado y las comunidades originarias. Se establece como una prioridad la salvaguardia de los conocimientos tradicionales y la implementación de mecanismos robustos para la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con el bloque de convencionalidad. Además, la política estatal pone un énfasis particular en la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, conocidos bajo el acrónimo jurídico PIACI. Este marco legal también aborda la mitigación de la vulnerabilidad ante la degradación ambiental y el cambio climático, elevando estos desafíos a la categoría de objetivos prioritarios para garantizar la supervivencia física y cultural de estas poblaciones dentro de un entorno de desarrollo sostenible y solidario.
En cuanto a su ámbito de aplicación y cumplimiento, el decreto establece que esta política es de observancia estricta para todas las entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto implica que los tres niveles de gobierno, en el ejercicio de sus competencias, asumen responsabilidades específicas detalladas en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado previamente por el Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM. La ejecución de estas obligaciones se canalizará a través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido como SINAPLAN, asegurando que cada actividad operativa y servicio identificado cuente con la coordinación del Ministerio de Cultura para alcanzar las metas trazadas al año 2040.
Con un enfoque transversal, la política procura erradicar la discriminación étnico-racial y garantizar la libre determinación de los pueblos, prestando especial atención al ciclo de vida de las mujeres indígenas.
