En un esfuerzo por consolidar el Estado de Derecho y garantizar la paz social durante el actual periodo de transición, el Poder Ejecutivo, bajo la gestión del presidente José María Vargas y la conducción del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, ha formalizado la aprobación de una operación de endeudamiento externo. Este mecanismo de financiamiento, gestionado ante el Banco Mundial por un monto de 150 millones de dólares estadounidenses, tiene como objeto principal el fortalecimiento de la seguridad urbana en Lima Metropolitana. La medida, se inserta en una política pública orientada a mitigar los riesgos derivados de la criminalidad organizada y las economías ilícitas, dotando al sistema de seguridad de los recursos necesarios para una operatividad eficiente.
La operatividad de este presupuesto implica una reforma sustancial en la estrategia de inteligencia policial y el perfeccionamiento del marco legal vigente, con el propósito de tipificar y perseguir con mayor rigor jurídico delitos de alta lesividad como la extorsión. Desde una perspectiva jurídica, esta intervención se define como una política de seguridad ciudadana integral, entendida como el conjunto de acciones articuladas que el Estado desarrolla para asegurar la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia. Para la ejecución inmediata, se ha dispuesto una inversión inicial de 6 millones de soles destinada a la implementación de fuerzas de tarea integradas. Estos grupos, conformados por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Serenazgo, operarán bajo un esquema de cooperación interinstitucional en 27 distritos identificados con alta incidencia delictiva, abarcando no solo la capital, sino también las regiones de La Libertad, Piura y Arequipa.
Asimismo, la administración ha establecido como directriz de obligatorio cumplimiento el despliegue de más de 54,000 efectivos de las fuerzas del orden para salvaguardar la integridad del próximo proceso electoral. Este despliegue técnico-operativo busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental al sufragio para más de 27 millones de ciudadanos, asegurando que el acto jurídico del voto se realice en condiciones de transparencia y orden público. Con estas medidas, que incluyen plazos de ejecución inmediata para las fuerzas tácticas y una estrategia frontal contra la minería ilegal y otras fuentes de financiamiento del crimen, el gobierno busca restablecer la confianza ciudadana y la estabilidad jurídica necesaria para una transición democrática ordenada.
