El fortalecimiento de la arquitectura institucional en materia de adquisiciones estatales ha dado un paso significativo con la implementación del plan de acción estratégico liderado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Esta entidad técnica especializada, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, ha iniciado un despliegue de asistencia técnica orientado a los gobiernos regionales y locales con el propósito de optimizar la gestión de los procesos de selección vinculados a la mitigación de los efectos de las lluvias intensas y el Fenómeno El Niño Costero. El marco jurídico que sustenta esta intervención se encuentra sistematizado en la Ley N.° 32069 y su respectivo reglamento, dispositivos legales que buscan blindar la eficiencia administrativa y garantizar la continuidad operativa del Estado frente a desastres naturales.
En términos de dogmática jurídica y normativa vigente, la Ley N.° 32069 constituye el cuerpo normativo matriz que regula los mecanismos de excepción y las directrices para la contratación pública en contextos de vulnerabilidad. Se define la asistencia técnica como el conjunto de acciones de acompañamiento y capacitación destinadas a asegurar que el ejercicio de la potestad discrecional de la administración se ajuste a los principios de probidad y transparencia. Este plan de acción establece parámetros de cumplimiento estricto para las tres etapas críticas del ciclo de contratación: la fase de actos preparatorios con carácter preventivo, la fase de ejecución durante la declaratoria de estado de emergencia y la etapa de liquidación posterior a la culminación del evento.
La relevancia de este despliegue radica en su configuración como un estándar de cumplimiento que, si bien nace de una asistencia técnica, proyecta los criterios que la entidad considera necesarios para evitar vicios de nulidad o responsabilidades administrativas. Al establecerse lineamientos sobre cómo actuar durante el estado de emergencia, el OECE delimita los plazos perentorios para la regularización de las contrataciones directas, las cuales deben formalizarse conforme a los términos y condiciones estipulados en el reglamento de la Ley N.° 32069. Bajo la supervisión técnica, se busca que los gobiernos subnacionales mitiguen riesgos contractuales y garanticen que la celeridad requerida por la emergencia no colisione con el principio de legalidad.
El cumplimiento de estos protocolos técnicos no es solo una medida de eficiencia logística, sino un requisito de validez para las actuaciones administrativas en el marco de la emergencia, asegurando que cada sol invertido se traduzca en una infraestructura resiliente y en una protección efectiva para la ciudadanía.
