El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la conducción del ministro Luis Jiménez Borra, ha reafirmado su compromiso con la seguridad jurídica y la paz social mediante la reciente clausura del ciclo de conferencias denominado Estrategias integrales contra la extorsión: análisis criminológico de las nuevas tendencias delictivas. Este cónclave académico y técnico, articulado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos y el Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, se erige como un pilar fundamental para la actualización de los operadores del sistema de justicia, permitiendo una comprensión holística de la fenomenología criminal contemporánea.
Durante el desarrollo de las ponencias, se abordó con especial rigor el análisis de la evidencia científica, tanto cuantitativa como cualitativa, para diseccionar las fases del iter criminis en el delito de extorsión. El investigador Christian Benito Flores Calderón expuso las dinámicas territoriales que facilitan la proliferación de este ilícito, mientras que el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, en su calidad de coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, precisó las barreras procesales y los desafíos sustantivos que enfrenta la persecución penal en la praxis fiscal frente a las organizaciones criminales.
Marco Normativo y Precedentes en la Lucha contra la Criminalidad
Es pertinente recordar que este fortalecimiento de capacidades se alinea con las directrices de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, cuya aprobación se registró el 15 de enero de 2024 y su posterior promulgación el 17 de enero del mismo año. Esta norma ratificó la implementación de protocolos de actuación conjunta entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, optimizando el control territorial. En dicho contexto, el especialista Yony Condori Morales enfatizó que las medidas de seguridad ciudadana deben responder a una política criminal coherente que limite el margen de acción de las estructuras delictivas en zonas vulnerables.
En cuanto a la doctrina jurisdiccional, las conferencias hicieron eco de lo establecido en el Recurso de Nulidad N° 243-2023, que establece criterios objetivos para la determinación de la autoría y participación en delitos complejos, señalando que la mera presencia en la escena no configura complicidad si no se acredita el dolo y el aporte causal al plan criminal. Asimismo, se discutieron definiciones doctrinales sobre el Bien Jurídico Protegido, precisando que en la extorsión no solo se vulnera el patrimonio, sino también la libertad y la integridad personal, constituyéndose como un delito pluriofensivo.
Hacia una Articulación Interinstitucional Sólida
Alberto Vega Rojas, director general de Asuntos Criminológicos, subrayó que la prevención y la articulación interinstitucional son imperativos categóricos en la agenda nacional. El enfoque actual busca que cada acción estatal se fundamente en la evidencia, garantizando que el diseño de las políticas públicas sea resistente al escrutinio constitucional y eficaz en la reducción del índice de victimización.
