El pasado 13 de marzo marcó un hito en la historia de la justicia peruana con el decimoctavo aniversario de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, conocidas bajo el acrónimo FEMA. Este subsistema, cuya génesis se remonta a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 209-2008-MP-FN, fue aprobado formalmente el 11 de marzo de 2008 y promulgado el 12 de marzo del mismo año en el diario oficial El Peruano. Desde su instauración, las FEMA han operado bajo la premisa de que el medio ambiente es un bien jurídico protegido de carácter colectivo, cuya vulneración no solo afecta el ecosistema, sino que compromete la viabilidad del desarrollo nacional.
La agenda institucional, que incluyó actos solemnes y espacios de intercambio académico en el distrito de Villa El Salvador, permitió reafirmar la vigencia de los tipos penales ambientales, los cuales requieren de un análisis exhaustivo de la norma administrativa extrapenal, configurándose así lo que la doctrina denomina leyes penales en blanco.
Un aspecto medular de la jornada fue la revisión de los criterios que el Ministerio Público y el Poder Judicial han consolidado. En este sentido, se enfatizó que el daño ambiental no debe ser interpretado únicamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino que debe valorarse la afectación al equilibrio ecosistémico per se. Se estableció la obligatoriedad de contar con el informe fundamentado de la autoridad administrativa competente antes de la formalización de la investigación preparatoria, un requisito de procedibilidad que garantiza la precisión técnica en la persecución del delito.
Las definiciones abordadas durante los coloquios técnicos precisaron conceptos fundamentales como el de contaminación ambiental, entendida como la introducción de agentes físicos, químicos o biológicos que sobrepasan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Asimismo, se profundizó en la tipificación de la minería ilegal y el tráfico ilícito de fauna silvestre, delitos que constituyen graves amenazas contra la biodiversidad. Con estas acciones, la Coordinación Nacional de las FEMA reitera su función como garante de la legalidad, enfocada en la defensa del patrimonio natural para asegurar que el desarrollo sostenible no sea una mera aspiración retórica, sino una realidad amparada por la fuerza de la ley.
