La justicia peruana finalmente puso un candado de acero a las pretensiones de aquellos malos esposos que intentaban disponer de la herencia familiar a espaldas de su pareja. En una decisión que sacudió los cimientos del derecho civil, se emitió la sentencia del Octavo Pleno Casatorio Civil, un documento que desnudó las malas artes de quienes vendían bienes sociales como si fueran propios, dejando en la calle a su otra mitad. El caso que detonó esta bomba jurídica fue la Casación N° 3006-2015-Junín, donde una hija desesperada luchó contra su propio hermano para recuperar lo que por derecho pertenecía a la sociedad de gananciales de sus padres.
El histórico cónclave de jueces supremos se materializó tras una convocatoria aprobada el 2 de diciembre de 2015. Tras años de debates y una espera que mantenía en vilo a los abogados, la sentencia definitiva fue promulgada el 12 de marzo de 2019. Fue una victoria para la moral familiar, ya que anteriormente los tribunales lanzaban fallos contradictorios que premiaban el engaño, pero ahora el mandato es claro y contundente.
Lo que aprobaron los magistrados no fue otra cosa que la muerte jurídica de cualquier contrato de venta donde falte la firma de uno de los esposos. Se estableció como precedente vinculante que el acto de disposición de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges es nulo. La Corte Suprema no tuvo piedad: determinó que estas ventas clandestinas son contrarias al orden público y vulneran normas imperativas que nadie puede saltarse a su antojo.
Para que no queden dudas en los pasillos judiciales, los jueces definieron conceptos que ahora son ley. Explicaron que la sociedad de gananciales debe entenderse como un patrimonio autónomo, lo que significa que los bienes no pertenecen a uno ni a otro, sino a ese ente jurídico especial que nace con el matrimonio. Asimismo, diferenciaron con precisión que mientras los actos de administración buscan conservar el patrimonio sin arriesgarlo, el acto de disposición es el más grave de todos, pues implica transmitir el derecho a un tercero y comprometer el futuro económico de la familia.
La justicia determinó que el derecho de propiedad es un derecho humano que no puede ser pisoteado por artificios o mentiras en los documentos de identidad. Ahora, cualquier cónyuge que se sienta traicionado puede reivindicar su propiedad, pues el Octavo Pleno Casatorio Civil ha dicho basta al abuso de los derechos inmobiliarios entre parejas.
Me parece interesante la publicación pero podria mejorarse en la calidad de detalle o redacción para mayor comprensión.
Ejemplo:
*las pretensiones de aquellos malos esposos que intentaban disponer de la herencia familiar a espaldas de su pareja.*