El pánico se apoderó de los deudores morosos cuando se conoció el fallo del Sexto Pleno Casatorio Civil. Este caso surgió a raíz de una demanda de ejecución de garantías presentada por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. contra Marciano Fernández Gonzáles y Aura Violeta Salas Gonzáles. La decisión final fue aprobada por los jueces supremos tras una audiencia pública y se promulgó oficialmente el 3 de enero de 2013, estableciendo un precedente que liquidó las tácticas dilatorias en los procesos de embargo.
Los magistrados aprobaron criterios estrictos para que la ejecución de garantías reales fuera procedente y efectiva. En las definiciones que mencionaron, resaltó el concepto de título ejecutivo, el cual se consideró la pieza fundamental para ordenar el remate de un bien inmueble. También se determinó que el mandato de ejecución fue la orden fulminante que se dictó una vez que la contradicción del deudor fue declarada infundada. El tribunal señaló que el saldo deudor debió estar perfectamente determinado para evitar cualquier tipo de abuso contra el ejecutado.
La resolución fue devastadora para quienes buscaban errores de forma para salvar sus propiedades. El tribunal aprobó que para la procedencia de la ejecución, el documento constitutivo de la garantía debía ir acompañado del estado de cuenta de saldo deudor, el cual tenía que ser detallado y cronológico. Los jueces definieron que la contradicción solo podía basarse en la extinción de la obligación o en la inexigibilidad de la misma, cerrando la puerta a argumentos irrelevantes que solo buscaban alargar el sufrimiento de los acreedores.
Se estableció con claridad que el juez debía realizar un control exhaustivo del título antes de emitir el mandato de pago, asegurando que la liquidación de la deuda fuera exacta. Esta medida blindó el sistema financiero contra las deudas impagas, garantizando que el remate fuera la consecuencia inevitable para los incumplidos.
