El Quinto Pleno Casatorio Civil marcó un hito en la seguridad jurídica de las personas jurídicas no lucrativas en el país. Este proceso se originó tras la demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta por Rodrigo Sánchez De la Cruz contra la Asociación de Vivienda Chillón. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República aprobó esta resolución el 13 de agosto de 2012, tras una convocatoria oficial que se realizó el 17 de septiembre de 2012. Los magistrados señalaron que existía una enorme incertidumbre en los registros públicos que debía ser frenada de inmediato.
La Corte Suprema aprobó reglas de carácter obligatorio que impidieron que cualquier acuerdo de asamblea fuera cuestionado sin fundamentos sólidos en el futuro. Entre las definiciones que mencionaron los jueces, destacó la de legitimación para obrar, la cual se utilizó para determinar quiénes tenían el derecho real de iniciar una impugnación. Asimismo, establecieron que el plazo de caducidad para estas acciones era un límite insuperable que los magistrados debieron aplicar con rigor.
En un despliegue de autoridad judicial, el tribunal determinó que no se podía permitir el uso arbitrario de la nulidad del acto jurídico cuando la ley ya preveía la figura específica de la impugnación de acuerdos. Lo que los magistrados aprobaron fue una barrera legal contra el fraude procesal, definiendo que la pretensión de impugnación es la única vía idónea para cuestionar la validez de los acuerdos asociativos. Se enfatizó que el interés para obrar no era un cheque en blanco, sino que exigía una vinculación directa con la asociación afectada.
