El panorama electoral se tiñe de una retórica incendiaria bajo la figura de Charlie Carrasco Salazar, candidato a la presidencia y al Senado por el Partido Demócrata Unido Perú. En un despliegue de populismo punitivo que busca sacudir las bases del sistema actual, el aspirante ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra lo que denomina el dominio de 12 familias que digitan el atraso del país. Carrasco se presenta como el “guerrero” que no negociará con las mafias, proponiendo medidas que rozan los límites del derecho internacional, pero que calan hondo en el clamor popular por seguridad.
La propuesta estrella de su plan de gobierno es la edificación de megacárceles situadas en las gélidas zonas altoandinas, a más de 4,800 metros de altitud, diseñadas para albergar a 130,000 internos. Bajo el lema de que el reo tendrá que trabajar para comer, Carrasco busca instaurar la figura del trabajo forzado, desafiando las convenciones sobre derechos fundamentales para priorizar el principio de autoridad. Además, ha sentenciado que cualquier extranjero indocumentado que no abandone el país en un plazo de 48 horas será declarado objetivo militar, una terminología que traslada el conflicto civil al terreno de la guerra convencional.
En el ámbito de la lucha contra el cáncer de la corrupción, el candidato propone una reforma drástica del Código Penal para incluir la cadena perpetua por el delito de traición a la patria para funcionarios corruptos. Esta medida vendría acompañada de la muerte civil y el embargo total de activos, asegurando que los responsables pierdan no solo su libertad, sino su existencia jurídica y económica dentro de la sociedad. Para operativizar esta purga, plantea la creación de jueces de ejecución penal instalados directamente en las comisarías, permitiendo procesos sumarísimos que resuelvan la situación jurídica de los detenidos en un tiempo récord de 48 horas.
Carrasco sostiene que esta metamorfosis institucional es la única vía para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, hoy descritos como sucursales del crimen organizado bajo la mirada inerte del INPE.
El candidato, quien es abogado y docente universitario, justifica este endurecimiento legal argumentando que la norma jurídica debe proteger a la mayoría desvalida antes que al infractor. Con promesas de ingreso libre a las universidades, duplicar el sueldo a docentes y la construcción de ocho megahospitales con tecnología de punta, Carrasco amalgama la promesa de bienestar social con la amenaza del castigo eterno para quienes infrinjan la ley. La suerte está echada y el electorado deberá decidir si este camino de hierro es la solución o el inicio de una era de confrontación total.
