En un movimiento que despierta suspicacias por la magnitud de los recursos públicos movilizados, el Poder Ejecutivo ha decidido abrir las arcas del Estado para inyectar una millonaria dosis de liquidez al proceso electoral. Mediante el Decreto Supremo N°031-2026-EF, promulgado y aprobado con fecha 6 de marzo de 2026, se autorizó una transferencia de partidas que asciende a la astronómica suma de 224,8 millones de soles.
La normativa aprobada establece de manera taxativa que estos recursos provienen de la Reserva de Contingencia, ese fondo de emergencia que el Ministerio de Economía y Finanzas suele custodiar con celo, pero que hoy fluye con generosidad hacia el Jurado Nacional de Elecciones y los ministerios de orden interno. Según el texto legal, el Jurado Nacional de Elecciones recibirá 100 millones de soles para cubrir gastos operativos, una cifra que se suma a los 114,1 millones previamente asignados mediante el Decreto Supremo N° 021-2026-EF. Es decir, una acumulación de capital que debe ser fiscalizada bajo lupa para evitar cualquier desvío de fondos en un año donde la estabilidad del país pende de un hilo.
El despliegue no se queda solo en las oficinas de los magistrados. El Gobierno ha destinado 101,5 millones de soles adicionales para el Ministerio de Defensa y 23,3 millones para el Ministerio del Interior. En términos estrictamente jurídicos, esta transferencia de partidas se define como una modificación presupuestaria a nivel institucional que busca garantizar la logística de seguridad. Sin embargo, el ciudadano de a pie se pregunta si tanto blindaje militar y policial es una garantía de orden o una demostración de fuerza ante un proceso que ya ha devorado más de 700 millones de soles solo en la última semana.
Dentro de los conceptos que mencionaron en el cuerpo legal, destaca la definición de gastos asociados a la intervención, que en la práctica implica el pago de bonos, combustible y despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para resguardar el material electoral. También se hizo hincapié en el concepto de pleno ejercicio del derecho ciudadano al voto, una frase que suena idílica mientras la cifra total de transferencias durante el 2025 y lo que va del 2026 supera ya los 1200 millones de soles. La administración de José María Balcázar se juega su legitimidad en este reparto de fondos que, para muchos, resulta escandaloso ante otras carencias nacionales.
