La calma en los pasillos de los hospitales se ha roto con una noticia que sacude las finanzas públicas. En un movimiento que muchos califican como una respuesta desesperada ante la crisis, el Poder Ejecutivo ha formalizado el desembolso de una fortuna que supuestamente aliviará los bolsillos de quienes sostienen el sistema sanitario. Bajo la firma del Decreto Supremo N.º 030-2026-EF, promulgado y aprobado este mismo 06 de marzo de 2026, se ha dado luz verde a una transferencia de partidas que asciende a la astronómica cifra de S/ 30 007 080. Esta inyección de capital, extraída de las entrañas del Presupuesto del Sector Público para el Año 2026, tiene un destino específico: financiar el incremento en la valorización principal del personal de salud.
Es imperativo entender que lo que se ha aprobado no es un simple bono, sino una modificación presupuestaria de alto impacto. La norma es clara al señalar que estos recursos se desprenden del pliego del Ministerio de Salud para alimentar las arcas del Instituto Nacional de Salud, el INEN y diversos ministerios como Interior, Defensa y Educación. Incluso el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario recibirán su tajada de este botín legal. Según los considerandos de la norma, esta medida busca dar cumplimiento a la Cláusula Tercera del Convenio Colectivo en el Nivel Descentralizado del Sector Salud 2025-2026. Se recurre aquí a la figura del Decreto Legislativo N.º 1153, ese marco legal que regula la política de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud, y que hoy sirve de sustento para este movimiento millonario.
En la jerga técnica que manejan los burócratas, se ha definido que S/ 2 522 820 irán directamente a los pliegos del Gobierno Nacional, mientras que la parte más gruesa, unos S/ 27 484 260, caerá en manos de los 25 gobiernos regionales. Estos fondos han sido etiquetados estrictamente bajo el rubro de personal y obligaciones sociales. Los titulares de cada entidad están contra la pared: tienen apenas cinco días calendario tras la vigencia de la norma para aprobar la desagregación de los recursos. La advertencia es clara y casi amenazante, pues el decreto precisa que estos fondos tienen carácter de intangibilidad administrativa, lo que significa que no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos.
