En una maniobra política desesperada ante la ola de criminalidad que no da tregua, el presidente de la República, José María Balcázar, ha sacudido el panorama nacional este 5 de marzo de 2026. El actual mandatario ha decidido jugar su carta más agresiva: arrebatarle el control del debate al Parlamento y exigir facultades legislativas. Esta figura jurídica, amparada en la Constitución, permitiría al Ejecutivo dictar normas con rango de ley de manera inmediata para supuestamente frenar la carnicería urbana que desangra a las familias peruanas.
El anuncio se produjo en una reunión de alto voltaje en Palacio de Gobierno con los alcaldes de Lima Metropolitana, donde el mandatario dejó claro que el sistema actual es ineficiente. El objetivo central de esta delegación de facultades es otorgar herramientas de coerción letales a la Policía Nacional. Balcázar fue tajante al señalar que se deben modificar las leyes para que la institución policial recupere el protagonismo principal en la investigación criminal, asumiendo el control total de la investigación preliminar, que es la etapa procesal donde se recogen los elementos de convicción antes de que los delincuentes logren escapar por las grietas del sistema judicial.
Durante la sesión, se enfatizaron definiciones técnicas que buscan cercar a los delincuentes, como la de organización criminal, descrita como cualquier agrupación de tres o más personas con reparto de tareas para cometer delitos graves, y la seguridad ciudadana, entendida como la acción integrada del Estado para asegurar la convivencia pacífica. El mandatario advirtió que no permitirá que la burocracia siga siendo el escudo de los sicarios y extorsionadores.
Es crucial recordar que la última gran reforma en esta materia fue la Ley 31954, la cual fue aprobada por el Congreso el 15 de diciembre de 2023 y promulgada por el Ejecutivo el 17 de diciembre de 2023. Sin embargo, para la gestión de Balcázar, aquel marco legal es ahora letra muerta frente a la ferocidad de las mafias extranjeras y locales. El presidente ha lanzado un mensaje de guerra: o el Congreso le entrega el poder para legislar por decreto, o la nación sucumbirá ante el caos. La tensión entre poderes del Estado está al rojo vivo mientras la ciudadanía clama por una respuesta contundente que detenga el rastro de muerte en las calles.
