El reloj corre y la tragedia amenaza el año escolar de seis millones de almas inocentes. El Ministerio de Educación, bajo el mando de Erfurt Castillo Vera, ha tenido que activar una respuesta de choque frente a la furia de los elementos que han convertido las aulas en verdaderos pantanos. El plan de intervención en campo, diseñado para mitigar el impacto de las inundaciones y desbordes, busca desesperadamente la operatividad de los planteles, un concepto jurídico que el sector define como la capacidad fáctica y técnica de un inmueble para albergar el servicio educativo sin riesgo para la integridad de los administrados.
La base legal de estas acciones se cimenta en la normativa vigente de gestión de riesgos. Es fundamental señalar que el Minedu se rige bajo los lineamientos de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual fue aprobada por el Congreso el 8 de febrero de 2011 y promulgada oficialmente el 18 de febrero de 2011. Bajo este amparo legal, el Estado está obligado a intervenir mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, el cual monitorea las 24 horas el estado de la infraestructura educativa, entendida esta como el conjunto de bienes inmuebles que constituyen los espacios donde se desarrolla el proceso de aprendizaje.
En las tierras golpeadas de Lambayeque y Chiclayo, la situación es dramática. Colegios como el Federico Villarreal en Túcume y el Augusto B. Leguía en Mochumí han sido escenarios de una lucha técnica contra el anegamiento, término que se refiere a la acumulación crítica de agua que compromete la estabilidad estructural. Las autoridades han tenido que recurrir a la evacuación con motobombas y a la fumigación preventiva para evitar brotes infecciosos que pongan en jaque la salubridad, definida jurídicamente como el estado de salud pública que el Estado debe garantizar en los espacios de uso común.
Pese a que las aguas intentan devorar el futuro de la nación, el titular de la cartera ha ratificado que la fecha de inicio de clases está sellada para el 16 de marzo. La orden es clara: no se retrocede. El Minedu ha aprobado la ejecución inmediata de presupuestos para el mantenimiento correctivo y la activación de los comités de gestión del riesgo en cada institución educativa. Estos comités son órganos de ejecución interna responsables de la identificación de alertas y la evaluación de daños, herramientas procesales necesarias para que el Estado pueda declarar la viabilidad de la infraestructura antes del retorno masivo de los estudiantes a sus respectivos pabellones.
