El panorama político nacional ha dado un vuelco sísmico tras la última maniobra del Ejecutivo. En una jornada que marcará el destino económico del país, el Gobierno del presidente José María Balcázar ha decidido abrir el grifo del Tesoro Público con una magnitud sin precedentes. Hoy, martes 3 de marzo de 2026, se oficializó una transferencia de partidas que supera los 2,207 millones de soles, un movimiento que muchos califican como un intento desesperado por ganar lealtades en los rincones más alejados del territorio nacional.
La aprobación de esta millonaria cifra se concretó mediante un decreto supremo promulgado este 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial El Peruano. El documento legal no solo autoriza el desembolso, sino que se blinda bajo el paraguas de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Lo que el Gobierno ha aprobado específicamente es una transferencia de partidas a favor de los pliegos de los gobiernos locales, fundamentada en el incremento de la recaudación y la redistribución estratégica de los activos del Estado. Esta medida busca financiar de manera agresiva diversos proyectos de inversión que, según la narrativa oficial, se encontraban estancados por falta de liquidez.
Dentro de los tecnicismos legales que sustentan este festín presupuestario, la norma hace hincapié en conceptos fundamentales para evitar cuestionamientos de la Contraloría. Se define la transferencia de partidas como una modificación presupuestaria en el nivel institucional que traslada créditos presupuestarios entre pliegos. Asimismo, se menciona con especial énfasis el Fondo de Compensación Municipal, conocido como Foncomun, que se define como un fondo constituido por diversos impuestos nacionales para asegurar el funcionamiento y la capacidad de inversión de las municipalidades, priorizando aquellas zonas con mayores carencias.
La distribución de este botín económico no ha sido al azar. Se rige estrictamente por los índices de distribución que fueron aprobados previamente mediante la Resolución Ministerial N.º 073-2026-EF/50. Este dispositivo legal establece los coeficientes exactos que determinan cuánto dinero recibirá cada alcalde, basándose en criterios de población, carencias y eficiencia en la gestión previa. Aunque el Ejecutivo presenta esta acción como un acto de descentralización efectiva y compromiso social, la celeridad de la aprobación y la cifra exorbitante de más de 2,207 millones de soles han encendido las alarmas sobre el control y la fiscalización que se aplicará a estos recursos en pleno ejercicio fiscal.
