En un movimiento que sacude los cimientos del sector transportes, el ahora expresidente José Enrique Jerí Oré dejó sellada su rúbrica en el Diario Oficial El Peruano el pasado viernes 30 de enero de 2026. Esta normativa, gestada bajo el amparo de facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante la Ley número 32527, pretende ser la estocada final contra la informalidad que desangra las vías del país. El Decreto Legislativo número 1707, cuya aprobación oficial data del 29 de enero de 2026 en la Casa de Gobierno, irrumpe en el escenario jurídico para modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y forzar un nuevo orden bajo el concepto del Sistema Integrado de Transporte.
La norma define con frialdad jurídica al Sistema Integrado de Transporte como un sistema de transporte público de personas compuesto por las distintas clases o modalidades del servicio reconocidas en la normatividad vigente, el cual debe contar obligatoriamente con integración física, operacional y tarifaria, además de medios de pago unificados. Con esta maniobra legal, el Estado se otorga a sí mismo la potestad de adquirir, instalar, administrar y hasta aportar en propiedad o uso bienes muebles e inmuebles para asegurar la operatividad de estos sistemas, siempre que existan acuerdos previos con los concesionarios u operadores. El texto legal advierte que la implementación de este ambicioso modelo se financiará exclusivamente con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, prohibiendo terminantemente la demanda de recursos adicionales al Tesoro Público.
Bajo la sombra de una crisis de sostenibilidad financiera y pérdidas económicas que el propio decreto califica como una amenaza a la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, la administración del expresidente Jerí Oré estableció un plazo perentorio de cuarenta días hábiles para que el Poder Ejecutivo apruebe las normas de adecuación necesarias. Este decreto, que contó con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros Ernesto Julio Álvarez Miranda y el ministro de Transportes Aldo Martín Prieto Barrera, busca dar un reconocimiento jurídico que brinde estabilidad a los agentes privados e incentive la inversión, mientras la población observa con incertidumbre si esta reforma logrará realmente erradicar el transporte informal o si será solo otro documento acumulando polvo en el archivo nacional.
