En un giro sin precedentes que sacude el sistema sanitario metropolitano, el Ministerio de Salud ha lanzado un imperativo jurídico para intervenir los domicilios de los pacientes más críticos de la capital. Bajo la rúbrica de la Resolución Ministerial No 154-2026/MINSA, aprobada y firmada en la ciudad de Lima el 20 de febrero de 2026, el Estado peruano ha oficializado la iniciativa denominada “Salud en Casa». Esta norma no es una simple sugerencia administrativa; es un despliegue legal que busca rescatar a miles de asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) que hoy languidecen en el olvido de la postración, víctimas de una brecha de atención que la propia autoridad tilda de crítica.
La normativa define a “Salud en Casa” como un modelo de provisión de servicios de salud especializados y multidisciplinarios que se ejecutarán directamente en el domicilio del paciente, rompiendo las barreras físicas de los hospitales. Según el texto legal, esta ofensiva médica está dirigida a ciudadanos con limitación funcional severa, discapacidad severa o en estadios terminales, tanto oncológicos como no oncológicos, lo que jurídicamente se enmarca en la continuidad de los cuidados paliativos. La resolución es tajante al señalar que la falta de este servicio estaba provocando complicaciones evitables y una sobrecarga hospitalaria insostenible, vulnerando el interés público y el derecho constitucional a la salud.
Pero el brazo de la ley va más allá: el MINSA ha sentenciado la creación de un control remoto sobre la población mediante el “Hospital Digital». Esta entidad, bajo la gestión de la Unidad Ejecutora 151 – MINSA MÓVIL, funcionará como el «cerebro» técnico encargado del triaje remoto y el seguimiento clínico de los pacientes. Este mecanismo será el encargado de la evaluación y priorización para el despliegue de las unidades móviles, asegurando que ningún rincón de Lima Metropolitana escape a la vigilancia y atención del Estado.
Tras la promulgación de este dispositivo el 20 de febrero de 2026, se ha otorgado un plazo perentorio de sesenta días calendario para que la Unidad Ejecutora 151 apruebe el Plan de Implementación definitivo. Con la firma del Ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz Avilés, se sella este pacto jurídico que promete llevar el hospital a la cama del enfermo, transformando la sala de estar en la nueva frontera del derecho a la salud.
