En una movida legal que ha sacudido los cimientos del sistema penal, se han puesto en marcha las reformas más agresivas de los últimos tiempos para asfixiar operativamente a la delincuencia. Aunque José Enrique Jerí Oré ya ostenta la condición de expresidente de la República, su firma en el Palacio de Gobierno el pasado 19 de enero de 2026 dejó un arsenal jurídico que hoy es la peor pesadilla de los criminales. Estas normas, publicadas oficialmente en el diario El Peruano el 20 de enero de 2026, representan una ofensiva total que busca cerrar definitivamente las puertas giratorias de las prisiones.
La primera gran estocada llega con el Decreto Legislativo N° 1697, que modifica el artículo 279-G del Código Penal para acabar con la «suerte» de aquellos delincuentes que eludían la justicia repartiéndose la culpa. El Ejecutivo aprobó la criminalización de la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones y accesorios. Bajo esta nueva óptica penal, se define que aquel que, sin estar debidamente autorizado, tenga en su poder de manera «individual o compartida» armas de cualquier tipo, será reprimido con una severa pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. Con esta medida, se busca fulminar la impunidad de las bandas capturadas en búnkeres o vehículos donde nadie se hacía responsable del armamento hallado.
Pero la cacería no se detiene en las armas físicas; el Decreto Legislativo N° 1698 penetra en el corazón digital de las mafias. Esta norma incorpora el artículo 230-A al Código Procesal Penal, otorgando a la Policía Nacional una facultad sin precedentes: la revisión de equipos informáticos en flagrancia delictiva. Ahora, ante detenciones por delitos atroces como extorsión, sicariato o secuestro, los agentes (con previa autorización del Ministerio Público) podrán desentrañar la información contenida en celulares y laptops hallados en posesión del detenido. Esta potestad se extiende incluso al interior de los establecimientos penitenciarios, donde los operativos inopinados podrán intervenir cualquier equipo informático detectado para frenar las órdenes de muerte que emanan desde las celdas.
Para blindar la legalidad de estas intervenciones, el dispositivo legal exige que, tras el análisis de la información, el Fiscal solicite al Juez competente una resolución confirmatoria que valide el procedimiento. Estas reformas, refrendadas por figuras como el ex-premier Ernesto Álvarez Miranda y los ministros de Interior y Justicia, dejan un marco regulatorio donde la tecnología y la severidad penal se unen para que ningún delincuente pueda esconder sus crímenes tras una pantalla o una duda sobre la propiedad de un arma. El mensaje es claro y contundente: el rastro del delito, sea de plomo o digital, ahora conduce inevitablemente a la cárcel.
