El pasado 11 de febrero de 2026, bajo una creciente presión social por la inseguridad, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1737, una norma que ha caído como un mazo sobre los internos que pretendían burlar la justicia. Con su aprobación oficial y posterior publicación en el diario El Peruano el 12 de febrero de 2026, las reglas del juego han cambiado drásticamente: se acabó el recreo para los delincuentes peligrosos y se imponen condiciones de hierro en los penales de todo el país.
El Gobierno ha dado un golpe de autoridad al aprobar una reforma integral al Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654). Lo más impactante de esta nueva ley es la creación de una «celda de castigo» moderna y extrema. Se ha establecido la etapa de Extrema Seguridad dentro del Régimen Cerrado Especial. ¿Qué significa esto? Que los cabecillas de bandas, sicarios y extorsionadores irán directamente a pabellones de máxima restricción mediante una clasificación automática. Ya no habrá trámites ni «favores»: si eres un peligro para la sociedad, el sistema te encierra bajo siete llaves sin derecho a reclamo.
Para aquellos que pensaban salir antes de tiempo usando el estudio o el trabajo como excusa, la noticia es demoledora. La norma introduce el control judicial previo para la redención de la pena. Esto implica que un juez, y no solo un administrativo, revisará con lupa cada día de «buena conducta». Si el preso no demuestra una verdadera readaptación, se quedará tras las rejas hasta el último día de su sentencia. Además, se prohíbe cualquier beneficio para quienes pertenecen a organizaciones criminales; para ellos, no hay perdón ni olvido.
Dentro de este arsenal jurídico, la ley ha dejado claras varias definiciones que todo ciudadano debe conocer para entender cómo se vigilará a los reos. Una de las más importantes es el trabajo asistido externo, definido como una modalidad voluntaria y temporal que permite a ciertos internos trabajar fuera del penal, pero bajo un control asfixiante de la administración. No es una salida libre: es una prueba de fuego que, si se incumple, se convierte en el delito de evasión del régimen semi-abierto, enviando al infractor de vuelta a una celda común por varios años más.
La seguridad ya no es una opción, sino una obligación. Con la implementación de la seguridad diferenciada, el Estado promete que los beneficios de semilibertad estarán sujetos a una vigilancia constante y al cumplimiento de pagos de reparación civil y días multa. En resumen, esta reforma busca que las cárceles dejen de ser «escuelas del crimen» para convertirse en centros de castigo real, donde la libertad solo se recupera si se ha pagado hasta el último centavo y se ha respetado cada regla del sistema.
