En una jornada que quedó grabada en los registros históricos del derecho peruano, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República se reunió el dieciocho de diciembre de dos mil siete para emitir la sentencia correspondiente al Primer Pleno Casatorio Civil. Este cónclave jurídico tuvo como telón de fondo el dramático caso de los pobladores de Cajamarca afectados por un derrame de mercurio, quienes, tras haber suscrito transacciones extrajudiciales con la empresa minera involucrada, iniciaron procesos judiciales de indemnización por responsabilidad civil extracontractual. La controversia que la máxima instancia debió zanjar no era menor: existían pronunciamientos diametralmente opuestos entre las Salas Civiles Supremas sobre si una transacción celebrada fuera de un proceso judicial podía ser utilizada como una excepción procesal para concluir de forma anticipada un litigio posterior.
El tribunal supremo, en ejercicio de su función unificadora, aprobó con carácter vinculante que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente sí puede ser opuesta como excepción procesal de conclusión del proceso. Esta decisión se sustentó en una interpretación sistemática del Código Procesal Civil con el Código Civil, bajo la premisa de que prolongar un litigio sobre un asunto ya resuelto por las partes resultaba un formalismo excesivo que atentaba contra la economía procesal. Para arribar a esta conclusión, el Pleno se apoyó en la definición sustantiva de la transacción, descrita como aquel acto jurídico mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre un asunto dudoso o litigioso para evitar un pleito futuro o finalizar uno ya iniciado.
Asimismo, los magistrados establecieron definiciones cruciales respecto a la eficacia de estos acuerdos, reafirmando que la transacción posee la autoridad de la cosa juzgada entre las partes contratantes. No obstante, el fallo fue enfático al señalar que, tratándose de derechos de menores de edad, estas transacciones requieren obligatoriamente de autorización judicial previa para ser válidas, pues las normas de derecho de familia son de orden público y no pueden ser soslayadas por la autonomía privada.
Otro de los pilares de este precedente fue la delimitación de la legitimación para obrar en defensa de los intereses difusos, definidos como aquellos que afectan a un grupo indeterminado de personas, como ocurre en los daños al medio ambiente. La Corte aprobó por unanimidad que dicha legitimación es exclusiva de las entidades señaladas taxativamente en la norma procesal, tales como el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales o las asociaciones sin fines de lucro, cerrando la puerta a que personas naturales pretendan representar intereses colectivos de esta naturaleza en sede jurisdiccional. Este fallo no solo resolvió una contradicción técnica, sino que consolidó la doctrina de los actos propios, impidiendo que los justiciables desconozcan acuerdos voluntarios previos sin una causa legal que invalide su consentimiento.
