En un ambiente cargado de tensión política y con la sombra de los exmandatarios sobrevolando el sistema judicial, el diario oficial El Peruano ha lanzado una publicación que redefine el perdón en el país. Este jueves 19 de febrero de 2026, se hizo pública la Resolución Ministerial N° 062-2026-JUS, un documento que fue aprobado el 17 de febrero de 2026 y que pone en marcha el nuevo Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, dejando claro que la libertad no se regala, sino que se analiza bajo lupa.
Esta nueva normativa jurídica establece los procedimientos estrictos para que el Presidente de la República ejerza su potestad constitucional de renunciar al ejercicio del poder punitivo del Estado. Entre los términos legales más destacados que ahora rigen el destino de los reos se encuentran el indulto común, el indulto por razones humanitarias para casos de enfermedades terminales o degenerativas, y la conmutación de la pena, que permite reducir el tiempo de condena a un quantum menor. Además, se regula el derecho de gracia, una figura que extingue la acción penal para procesados cuyos plazos de investigación hayan sido excedidos de forma irrazonable.
Sin embargo, el dato que ha sacudido los cimientos de la política nacional es la postura implacable del nuevo mandatario frente a los casos más mediáticos. Fuera de lo establecido en los documentos oficiales y según ha trascendido en la agenda política actual, el Presidente ha sido tajante: el indulto para Pedro Castillo no está ni estará en su agenda. Mientras el reglamento abre puertas para algunos, para el exprofesor de Chota el camino parece estar sellado con cemento fresco; el Ejecutivo ha dejado claro que no hay espacio para negociaciones políticas disfrazadas de gracia, enterrando así cualquier rayo de esperanza para los seguidores del exmandatario que soñaban con verlo fuera de Barbadillo.
El reglamento también ratifica el principio de gratuidad total en el trámite, obligando a los solicitantes a firmar una declaración jurada de conocimiento para evitar mafias o cobros indebidos. Asimismo, se establece que todos los expedientes mantienen un carácter estrictamente confidencial hasta que el Jefe de Estado emita su pronunciamiento final, una decisión que, según las fuentes, tiene naturaleza excepcional y no es vinculante, lo que significa que el Presidente tiene la última palabra sobre quién vuelve a casa y quién se queda tras las rejas. Con la entrada en vigor de estas reglas, el sistema de reinserción social, ahora bajo la mirada de la SUNIR, se prepara para una nueva era de decisiones que marcarán el futuro del país.
